El edificio del ex Padelai, tomado desde hace más de 30 años, volvió a quedar en el centro de la polémica. Los habitantes del lugar denunciaron un nuevo intento de desalojo al ver reforzada la custodia en torno al inmueble ubicado en el barrio porteño de San Telmo.De acuerdo a los propios vecinos del lugar, el clima de tensión «comenzó ayer, cuando llegó al lugar la fiscal Celsa Ramírez y ordenó que la Policía Metropolitana reforzara la custodia».
«Creemos que esto es un nuevo intento de desalojo. En 2003 nos desalojaron con un informe falso de riesgo de derrumbe. Volvimos en el 2002 y ahora nos quieren volver a sacar. Saben que no somos usurpadores porque la cooperativa que formamos es titular del 70 por ciento del predio», precisó en diálogo con Télam Walter Blas, integrante de la Cooperativa de Vivienda «San Telmo Limitada”. En 1984 el predio ubicado entre las calles Humberto Primo, Balcarce, y las avenida San Juan y Paseo Colón, que se encontraba abandonado, fue ocupado por familias en situación de calle, quienes en 1989 conformaron la Cooperativa. y en 1991, el entonces gobierno porteño firmó la escrituración que cedió el 70 por ciento del predio a más de un centenar de familias.
Según resumió Manuel Aguilar, otro integrante de la cooperativa, «la fiscal se acercó ayer para citarnos a unos 45 jefes de familia. Parece que nos van a ofrecer entre 18.000 y 25.000 pesos. Otra vez nos quieren entusiasmar con dinero», protestó respaldado por un grupo de mujeres que lo rodeaban. Los integrantes de la cooperativa coinciden en que «la propiedad a la que accedieron legalmente en el marco de un ambicioso plan habitacional, contemplaba viviendas para 119 familias en 1989, durante el gobierno de Grosso».
Fuentes del Ministerio Público Fiscal, informaron que la reunión de ayer convocada por la fiscal Ramírez consistió en notificar a las familias que se presentaron en su despacho la apertura de una «mesa de diálogo» y la existencia de dos causas abiertas: «una por usurpación y otra por denuncias de vecinos».Según los voceros de esa Fiscalía, las contravenciones fueron por «ruidos molestos», lo que fue rechazado por los integrantes de la cooperativa que estimaron que «debieron haber sido notificados oportunamente».No obstante, «quedó abierto el espacio de diálogo para encontrar la mejor solución posible» según informaron desde la Fiscalía que prevé que «no habrá desalojo» mientras haya una posibilidad de solución.