Se realizó ayer al mediodía en el Salón Presidente Perón la Audiencia pública por la Ley por la cual se autoriza la venta en subasta pública del Inmueble denominado «Edificio del Plata».La misma fue presidida por el Presidente de la Comisión de Presupuesto, Diputado Rogelio Frigerio quien estuvo acompañado de los Diputados/as Karina Spalla, Jorge Garayalde, Francisco Quintana, Marta Varela, Fernando de Andreis, Carmen Polledo, Martín Ocampo (PRO), Alejandro Bodart (MST en PSur), María José Lubertino y María Rachid (FpV), Adrián Camps, Claudia Neira, América González, Fabio Basteiro (Psur), Edgardo Form (NE), Maximiliano Ferraro (CC). Pese a que había 141 inscriptos para expresarse sólo hablaron menos de 30 personas. La queja de la mayoría de los participantes de la audiencia, entre ellos el ex Diputado (MC) Facundo Di Filippo, fue el horario de las audiencias, la superposición de las mismas, lo cual hacía que los vecinos no pudieran expresarse en las distintas convocatorias al mismo tiempo ni escuchar al resto de los inscriptos.
En general, los vecinos se expresaron, luego de denunciar un pacto entre el PRO y el Kirchnerismo para sancionar varias leyes, en contra de la venta del Edificio del Plata, dado que es un bien público y por considerarlo un negocio inmobiliario, y en contra de la ubicación del Centro Cívico en terrenos del Hospital Borda. En su mayoría hablaron representantes de Talleres Protegidos del Hospital Borda y representantes de la Comuna 4, quiénes sostuvieron que «hace 120 días que venimos resistiendo, lo único que pretendemos es que no radique el Centro Cívico en el Borda, no queremos que se privatice la salud. Sacar a los pacientes de allí es un crimen, ellos merecen respeto y dignidad, este proyecto es para lo que menos tienen, atenta contra los trabajadores y la salud mental, hay una política clara de abandono de la salud pública. Entendemos que la pla ta debería ir a viviendas populares».Sobre la venta en subasta pública del Edificio del Plata, los inscriptos, entre ellos, empleados del Gobierno de la Ciudad que trabajaron en el edificio expresaron su rechazo a la Ley porque «esto es para un negocio inmobiliario, el pacto del PRO con el Frente para la Victoria viene de hace tiempo, no hace falta un Centro Cívico. No se puede vender un bien público, se le está entregando la Ciudad a las corporaciones. El edificio tiene un valor histórico y patrimonial, no tiene ninguna falla estructural, es de planta libre y se puede adaptar fácilmente a otras necesidades. No se puede rematar el patrimonio de la Ciudad sin la opinión de los vecinos».
Según el texto consensuado aprobado en primera lectura en la sesión del 1 de noviembre último, el edificio será subastado y transferido en fideicomiso, siendo el fiduciario el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el beneficiario el adquirente. El artículo 3º indica expresamente que «Una vez que se reubique al personal en las oficinas de la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad el inmueble será desocupado». Otra alternativa será «realizar la subasta pública sujeta a condición de que, una vez transferido el inmueble, el adquirente alquile el mismo a favor del GCBA, por un plazo máximo de hasta 5 años previendo la resolución anticipada exclusiva a favor del GCBA a ser ejercida una vez que se hayan relocalizado todos los empleados en las oficinas de la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad y se hubiere producido la desocupación tota l del inmueble. El canon locativo será fijado por el Banco de la Ciudad».El producido de la venta será destinado «en forma exclusiva e irrevocable, al desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras de la nueva centralidad en el sur de la Ciudad, y con los requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo», según señala el artículo 4º. para el más eficiente desempeño de la función pública».
La cláusula transitoria establece que «El Poder Ejecutivo remitirá a las paritarias centrales el otorgamiento de un suplemento especial a todos los trabajadores asignados en sus tareas en el Edificio del Plata y que serán trasladados a la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad. Será aplicable también este beneficio a los trabajadores de los edificios colindantes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el caso de que estos sean enajenados».Actualmente los edificios del Gobierno local se encuentran distribuidos de manera aleatoria y desordenada, explican los fundamentos del proyecto enviado a la Legislatura por el ing. Mauricio Macri, y agrega que «es necesaria la racionalización de la estructura edilicia utilizada y la optimización de la relación entre las distintas áreas del Gobierno». El edificio en cuestión, de 50 años de antiguedad, «Ha sufrido una fuerte disminución en las inversiones públicas lo que produjo un grave deterioro de su infraestructura. A pesar de los recursos que se han destinado a sus necesidades estructurales no alcanza a cubrir el nivel de desinversión que tuvo por décadas y que hoy se requiere para el servicio y fin que presta», agregaron los considerandos.