La Presidenta lleva dos semanas consecutivas con el uso de la cadena nacional para escraches y ajustes de cuentas personales (o partidarias). Y ordenó completar esa seguidilla con la utilización, desde el sábado, de spots oficiales para atacar al Gobierno porteño por el conflicto de los subtes.
Primero aprovechó un acto vinculado al fútbol para mostrar su vocación de editora periodística y seguir agraviando a Clarín y otros medios (“La cadena del desánimo, etc”). Fue el mismo discurso en el que elogió a los barrabravas -responsables de sembrar la muerte en las canchas de fútbol- a quienes denominó “esos muchachos que alientan en los para-avalanchas y no dejan de alentar”. Y en el mismo discurso defendió el cuestionado sistema carcelario, el que hoy -por decisión de su principal funcionario- permite que asesinos y violadores, de reciente condena, participen en “salidas culturales” (eufemismo para denominar a los actos kirchneristas).
El último jueves, en un acto para sostener la flamante gestión estatal en YPF, volvió a los ataques personales. Esta vez, contra el columnista de Clarín, Marcelo Bonelli. Fue durante el uso de su 13a. cadena nacional en estos meses. No salió a replicar la información ofrecida por Bonelli en sus textos, sino a recurrir a un agravio personal. Así como utilizó el mismo micrófono -y los servicios de la AFIP- para perseguir a un empresario inmobiliario que “osó” comentar la retracción del mercado desde que se implementó el cepo cambiario. Ahora también pidió una “ley de ética” para los periodistas, en sintonía con la que el menemismo impulsó cuando arreciaban las denuncias de corrupción sobre su propio régimen. No se le escuchó -ni a ella ni a ningún funcionario- pedir la “ley de ética” para un vicepresidente bajo todas las sospechas del caso Ciccone, para un jefe de Servicio Penitenciario que baila junto a violadores y asesinos o para un ex secretario de Transporte, que se fue ovacionado por los K días después de la tragedia de Once.