La Justicia suspendió parcialmente el convenio entre Ciudad y Nación, que eximía a los casinos del pago del impuesto de Ingresos Brutos, además de perdonarles una importante deuda millonaria. Entre los beneficiarios del acuerdo se encontraba el empresario K Cristóbal López, dueño del casino flotante y de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Ayer, la jueza Elena Liberatori dio lugar a la presentación de Gil Domínguez y dictó una medida cautelar para suspender el convenio.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez solicitó que se dejen sin efecto las partes del acuerdo votado en la Legislatura donde la Ciudad renuncia a su potestad tributaria sobre las casas de juego y las libera de pagar el impuesto de Ingresos Brutos. La Ciudad pretendía condonar una deuda impositiva de $2.400 millones. Desde la administración macrista explicaron que la responsabilidad por el cobro de la deuda era de la Justicia y que se recibiría un pago de $300 millones al año en concepto de canon por la explotación del juego en territorio porteño. El acuerdo había sido arreglado entre la Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño y fue aprobado de forma “express” en la Legislatura, sin que se modificara ni una coma al proyecto que ingresó en las comisiones. Para Gil Domínguez, el anexo al convenio que reparte las ganancias de los juegos de azar es “nulo e inconstitucional”.
Suspenden convenio por el juego entre Ciudad y Nación
