Un fiscal busca determinar si el vicepresidente amado Boudou y Diego Bossio, como directores ejecutivos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), cometieron los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales al derivar dinero del organismo a diversas actividades como el financiamiento del “Fútbol para Todos”(FPT). El caso, cuya causa inició a mediados de diciembre, pero que trascendió recién durante la feria de enero; se inició por la denuncia de 64 jubilados que fueron representados por el abogado Fabián Bergenfeld. La causa está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. El fiscal Guillermo Marijuán, quien impulsó la investigación, pidió a la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social que le informe al juez si hubo reuniones o debates en ese ámbito donde se discutiera la afectación de fondos de los jubilados a otras actividades, como la compra de electrodomésticos, el aporte al programa “Automovilismo para Todos” y algunos subsidios específicos, además de “FTP”.
En este contexto, los jubilados plantearon en su denuncia que los fondos previsionales se usaron por fuera de la Ley 26.425 que, desde la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y rige el modo de manejar los recursos. Todos los recursos del SIPA pasaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto. Los denunciantes aseguran que destinar el dinero a financiar otras actividades está fuera de lo permitido por artículo 8 de la Ley que dice: “La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino”.
En ese mismo artículo se agrega que “el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados…”. Los jubilados que presentaron la denuncia señalan que mientras la presidenta Cristina Fernández vetó la Ley que permitía la aplicación del 82% móvil a los haberes jubilatorios derivaba fondos a otras cuestiones. La denuncia explica que: “Sin embargo ocurrió lo previsible: el Poder Ejecutivo dio vuelta la espalda a lo resuelto en consonancia por los Poderes Judicial y Legislativo, vetando la aludida ley en uso de una facultad constitucional que debe utilizarse con un criterio restringido. Y ¿cuál fue el fundamento brindado a la sociedad por el Poder Ejecutivo al vetar la ley? Que el sistema jubilatorio entraría en colapso porque los fondos que maneja la ANSeS resultarían insuficientes. Entonces, en lo que constituye una verdadera burla a toda la sociedad y en particular a nuestros derechos, se acentuó gravemente la dilapidación de fondos por parte de ese organismo. Así, mientras se veta una ley para evitar el supuesto colapso del sistema, se lo sigue saqueando con fines espurios, sea para cubrir al exacerbado gasto público o tan solo con intencionalidades políticas”. La causa ya fue impulsada, será la Justicia la que determine si, efectivamente, los fondos fueron utilizados por fuera de la Ley.
ANSeS: investigan a Boudou por el desvío de fondos
