En otro paso de las discusiones y negociaciones por la deuda, el Gobierno argentino le pidió al juez estadounidense Thomas Griesa una medida suspensiva de la sentencia que obliga al país a pagar a los fondos buitre 1.330 millones de dólares. Si bien el Gobierno ya mostró su disposición a la negociación y al pago -lo que ayer causó una favorable repercusión en los mercados- ha pedido que la ejecución no sea inmediata, de manera de poder lograr mejores condiciones y evitar juicios de otros bonistas que ya habían entrado al canje.
“Solicitamos a Griesa una medida suspensiva de la sentencia para continuar pagando a los bonistas reestructurados”, informó el ministro de Economía, Axel Kicillof. El Gobierno argentino enfrenta el próximo lunes un desembolso de 900 millones de dólares, correspondientes al bono Discount (para los bonistas que ingresaron al canje). Si Griesa no suspende su propio fallo, la Argentina corre peligro de que los fondos buitres intenten embargar esos fondos.
“Vamos a realizar una presentación formal ante el juez Griesa pidiendo condiciones justas y equitativas para el 100 por ciento de los bonistas”, había anticipado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su ronda de prensa matutina. Y Kicillof, más tarde, precisó la estrategia. “Pedimos una suspensión para abrir un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales sin incumplir los compromisos de la Argentina con los bonistas de la reestructuración de deuda”, agregó.Kicillof recordó que la llamada “cláusula Rufo” le impide a la Argentina “pagarle a los fondos que no entraron al canje más de los que se les paga a los que sí ingresaron”. Por ahora, no hay detalles oficiales sobre los planes que llevará la Argentina para la cancelación de la deuda con los fondos buitre.