La creación de un instituto de evaluación sobre la calidad educativa nuevamente divide a la Legislatura porteña. El año pasado, el proyecto había quedado desestimado tras la oposición de los gremios de maestros y gran parte de los diputados, pero ahora el PRO vuelve a la carga con la iniciativa, que busca evaluar de manera permanente el sistema educativo, desde el aprendizaje de los estudiantes hasta el desempeño de los docentes.
El proyecto, autoría del jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri, crea un organismo autárquico: Instituto de la Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. Ya recibió despacho de mayoría en las comisiones de Educación y Presupuesto y el 21 de agosto llegaría al recinto para su discusión final. Según el nuevo escrito al que tuvo acceso La Razón, “es indispensable el conocimiento de los resultados de aprendizaje de los alumnos, de la enseñanza de los docentes y de la implementación de las políticas educativas, que se logrará mediante la evaluación y las estadísticas”. También el control estaría centrado en las políticas públicas que se implementan porque “se evaluará el impacto de los programas y proyectos que realiza el Ministerio de Educación”. Desde la oposición, dicen que esto no será así porque el Directorio del instituto contará con 11 miembros, la mayoría designados por el Gobierno porteño.
En su momento, las críticas más duras de los sindicatos porteños tenían que ver con que se utilizarían los resultados de las evaluaciones para generar un ránking de escuelas. En la iniciativa que intentará aprobar el PRO, se aclara que “en ningún caso los resultados podrán ser utilizados para difundir públicamente clasificaciones individuales de los alumnos, docentes o colegios”.
Tanto el kirchnerismo como UNEN tienen proyectos propios. Desde el FpV remarcaron que las evaluaciones no deben ser punitivas, es decir que no tengan como objeto determinar sanciones ni establecer categorías salariales. Pero el principal cuestionamiento pasa por la designación del organismo como ente “autárquico”, que le quitaría responsabilidades al Ministerio de Educación. En ese sentido, critican que podría recibir financiamiento externo, desde empresas privadas hasta ONG. “Agentes privados no pueden financiar la evaluación de nuestra educación porque sabemos que el que pone el dinero, pone el criterio”, explicó el legislador Pablo Ferreyra (Seamos Libres). Y agregó que la propuesta del PRO ”no contempla las diferencias socio económicas de cada escuela. No se puede evaluar con un criterio estandarizado”.