La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Victoria Morales Gorleri (PRO) sostuvo: «Históricamente en nuestro país el resultado de las evaluaciones se ocultaron bajo la alfombra. Sin ir más lejos, la última encuesta nacional sobre educación (ONE) fue publicada es de 2010”, al referirse al proyecto y luego recordó que «se trabajó dos años con sucesivas modificaciones». También defendió la descentralización de la Unidad: «puede dictar su propio presupuesto, normas y designación de funcionarios, y le permite no estar atada a la política de turno» y sostuvo que unidades de evaluación similiares se aplican ya en Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay. “La Unidad que proponemos será la clave para sincerar el sistema; está muy lejos de ser un dispositivo de vigilancia o de rankear docentes, como mezquinamente intentan hacer creer algunos sectores», continuó. «El Ministerio deberá implementar las políticas públicas necesarias para fortalecer el sistema nutriéndose de la información tanto de la Unidad como de otras áreas. La Unidad será una herramienta más para colaborar con el fortalecimiento de la calidad y equidad educativa», concluyó la legisladora.
Por otra parte la presidenta del bloque PRO, diputada Carmen Polledo dijo que «esta evaluación mide de modo integral los programas del Ministerio, de la formación docente y aprendizajes de los alumnos con parámetros medibles y sostenibles e implica un aporte al Ministerio para la mejora permanente de la educación».El interbloque UNEN había presentado un dictamen en minoría con el que acompañaba la propuesta del PRO de la crear la Unidad de Evaluación pero no apoyaba que fuera autárquica. El diputado Maximiliano Ferraro (CC) en nombre de su bloque adelantó algunos cambios que introdujeron en el expediente. Previamente expresó que: «una ley general de educación es la deuda pendiente de la ciudad de Buenos Aires. Las políticas educativas y el sistema educativo tiene que ser evaluado. No podemos desconocer que el sistema educativo evalúa todo el tiempo, desde el nivel inicial. La estrategia que debe tomar el estado es qué hacer con los datos que ya se producen en el sistema de educación».
Algunos cambios incorporados a pedido de la mayoría de los diputados del interbloque UNEN fueron: que en el artículo 11 quede expresado taxativamente que «en ningún caso podrán ser utilizados para ser difundidos los resultados de la evaluación educativa de docentes o alumnos», informado por el diputado Ferraro. En tanto, la diputada María Eugenia Estenssoro del mismo bloque informó que se modificó el texto al establecer que: «la Unidad no podrá recibir otro tipo de financiación que la establecida en la normativa educativa de la ciudad» y agregó que en la nueva redacción «la evaluación no es punitiva sino pedagógica en un proceso de diálogo».La diputada Graciela Ocaña (CP) aseguró que “así como en los 90 el eje era el financiamiento de la educación, hoy debe ser la calidad educativa y esta ley sin duda va a mejorar esa calidad”. Además consideró que la educación «no es una cuestión de un sector o de un grupo sino de todos: de los docentes, del Estado, de los padres y los alumnos por lo que la política educativa requiere consensos».