El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, recorrieron el barrio Playón de Chacarita y dialogaron con Alfredo, quien lleva adelante un emprendimiento de calzado que genera trabajo para los vecinos de la zona. La Ciudad presentó esta semana un proyecto de ley para darle un nuevo impulso a las 500 mil personas de distintos sectores que trabajan en la economía popular.
Una ley para una transformación real.
El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad presentó un proyecto de ley en la Legislatura que busca potenciar el valor productivo de los barrios populares y de toda la Economía Social y Popular, un universo que abarca a unas 500 mil personas en la Ciudad. El proyecto, llamado “Impulso a la Economía Social y Popular”, organizará las bases de su actividad productiva, promoverá el desarrollo local, la generación y la sostenibilidad de puestos de trabajo autogestión y el acceso a nuevos mercados a estas unidades productivas.
«Para nosotros la mejor política social es el trabajo. Por eso buscamos fortalecer el desarrollo productivo de la economía popular, que involucra hoy a cientos de miles de personas en la Ciudad. Esta ley otorgará herramientas para que este sector pueda crecer e integrarse a las cadenas de valor y así generar trabajo de manera sostenida», destacó la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore.
Para el armado de este proyecto se realizó un análisis de los sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad. Se trata de siete sectores que ya se encuentran funcionando pero que lo hacen debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras sistémicas que limitan su crecimiento, como el bajo acceso al financiamiento, el poco desarrollo de su capacidad productiva o los pocos canales de comercialización a los que acceden. Estos sectores son: textil, alimentos, logística, cuidados, economía verde, construcción y comercio.
El proyecto establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que posibilitará a sus inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial. Además, podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva. Y se creará un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular de acceder a nuevas formas de financiamiento. La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral, generando un marco gradual y sustentable. Se propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta 3 años.