El pasado jueves 3 de septiembre, el fiscal de Casación Raúl Pleé desistió expresamente del recurso interpuesto por los fiscales que estuvieron al frente de la UFI AMIA durante el juicio oral por el encubrimiento del atentado, en el que pedían se revisara la absolución de los encubridores Eamon Mullen y José Barbaccia. De esta manera, Pleé dejó sin el apoyo de la fiscalía a las querellas de los familiares de las víctimas en su impulso de lograr agravar las tan bajas condenas.
El escrito presentado ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal es un alegato defensista de los acusados Mullen y Barbaccia, que omite burdamente la numerosa prueba de cargo que los incrimina y modifica arbitrariamente la posición del Ministerio Público Fiscal. Según Plée, no habría razones para sostener la acusación contra los ex fiscales por su participación en el pago ilegal a Carlos Telleldin con fondos de la SIDE para que modifique su declaración (delito de peculado), ni en el desvío de la investigación del atentado a la AMIA y la falsa imputación a los ex policías bonaerenses (delito de privación ilegítima de la libertad).
“Entiendo que no se ha probado que los imputados [Mullen y Barbaccia] se hayan representado que hicieron un aporte que favoreció al hecho de que otro dolosamente sustraiga ilegalmente esos efectos de la órbita de la administración pública”, escribió Pleé en referencia al pago ilegal a Telleldin y sostuvo así el insólito argumento de que los entonces fiscales del caso fueron funcionales a las maniobras de encubrimiento sin darse cuenta o de casualidad, por error o como víctimas de un engaño. No parecen estos los argumentos de un fiscal de Casación sino los de un abogado defensor (y uno que dejaría mucho que desear). Tampoco parece que Plée analice con semejante candor y condescendencia las acusaciones que cotidianamente sostiene o será que ello aflora cuando se trata de juzgar a ex colegas con fuertes vínculos políticos.
Además, el fiscal contestó los recursos de casación presentados sólo por algunos condenados por el Tribunal Oral Federal 2, como Carlos Telleldin, Ana Boragni y Carlos Castañeda, pero omitió, curiosamente, responder a la defensa del ex juez Juan José Galeano, de los ex jefes de la SIDE, Hugo Anzorreguy y Carlos Anchézar, y de los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Tampoco explicó el motivo de dicha discriminación, aunque quedó en evidencia qué condenas le interesa promover y cuáles no.
Incluso, y contrariamente a lo que se (mal)informó cierto sector de la prensa, Plée no aportó ningún argumento para sostener la acusación contra el ex presidente Carlos Menem por el encubrimiento del atentado, aunque -se le debe reconocer- tampoco fue en contra de la acusación hecha por sus colegas de la UFI, lo que representa un desvío de su histórico actuar en línea con la impunidad en la causa AMIA y, por qué no, uno de los mayores aportes a la causa del fiscal “yo no acuso”, tan denunciado por Memoria Activa en estos 26 años.
El Estado otra vez ausente
Dado que esta instancia de casación abría posibilidades para sostener o revisar las condenas a los encubridores, consideramos de alta gravedad la ausencia de la querella del Estado argentino representado por la unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, el Estado demostró falta de interés, voluntad o decisión de revertir la vergonzosa actuación que dicha querella mantuvo en la defensa de los encubridores durante el gobierno de Mauricio Macri. Lamentamos que el Estado haya perdido esta posibilidad de reconducir su postura y alinearla, de una vez por todas, con la verdad y la justicia que los familiares y amigos de las víctimas incluimos y seguiremos incluyendo en nuestro reclamo en cada una de las instancias en las que sea necesario porque “justicia, justicia, perseguiremos”.