La Justicia Federal argentina habilitó la posibilidad de que se realice un juicio en ausencia a los diez acusados iraníes de perpetuar el atentado a la AMIA . Según el fallo, se trata de “una herramienta necesaria para asegurar la justicia y evitar la impunidad”. Más allá de los argumentos puramente jurídicos, la resolución no responde a las objeciones planteadas por Memoria Activa, lo que genera demasiados interrogantes, dudas y, lamentablemente, expectativas bajas, muy bajas.
Los últimos meses, tanto el juez Daniel Rafecas como la Unidad Fiscal han planteado serias dificultades que indican lo contrario.
En una resolución de junio de 2025, Rafecas afirmó que la propia SIDE se niega a colaborar con la causa y compulsar sus bases de datos históricas, tal y como obliga una orden judicial. Según el juez, la reticencia de la SIDE vulnera todos los decretos que ordenan la desclasificación de la información vinculada al atentado, las decisiones judiciales locales, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Memoria Activa vs. Argentina” (26 de enero de 2024).
Después de 31 años de una impunidad propiciada deliberadamente por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial argentinos, permítanos dudar. Todo nuevo anuncio relativo a la causa AMIA (casualmente siempre cercano al aniversario de julio) nos debe, siempre y por principio, poner en un estado alerta. Los familiares de las víctimas somos los primeros (por no decir los únicos) que queremos que esta causa se termine, que se llegue a esa verdad que los encubridores nos impidieron conocer, que se generen pruebas judiciales legítimas y que, quienes material e intelectualmente cometieron el peor ataque terrorista de nuestra historia, sean juzgados y condenados. Nadie más que nosotros espera eso.
Pero queremos un proceso judicial limpio, legítimo, con todas las garantías jurídicas de nuestro sistema penal. Queremos que la causa llegue a su fin porque se encontró verdad y justicia, y no porque debe descartarse al incomodar al poder, que prefiere el silencio y la impunidad. Queremos una causa que no sea utilizada por políticos de turno ni por funcionarios judiciales inescrupulosos, que actúan por intereses propios. De todo eso ya hemos visto suficiente. Sí, queremos justicia en el caso AMIA, pero una justicia en serio, que no sea, como hasta ahora, una justicia en ausencia.
¿Qué intenciones reales de obtener justicia existen detrás del juicio en ausencia? ¿Qué garantía hay de que no se busca, una vez más, cerrar una causa incómoda y perpetuar la impunidad? ¿Cómo se considerarán las irregularidades que históricamente ha tenido la causa AMIA, sus tejes y manejes, encubrimientos, usos y abusos políticos y judiciales? ¿Cómo se convertirá la prueba de inteligencia en prueba judicial? ¿Es ésta realmente una herramienta que puede utilizarse legítimamente para garantizar un proceso justo? “Justicia, justicia perseguirás…”