La Ciudad recuperó la propiedad número 900, una fábrica usurpada desde hace 40 años en Nueva Pompeya. Es un edificio de estilo neocolonial de más de 3.500 metros cuadrados con planta baja, cinco pisos y una azotea, ubicado en la avenida La Plata 2859 y con una entrada secundaria por la calle Fournier 2844.
La política de respeto de la propiedad privada de la actual gestión no solo les ha devuelto a los legítimos dueños que tenían inmuebles tomados el equivalente a más de 450 millones de dólares, sino que también logró llevar seguridad a los barrios y bajar el delito a mínimos históricos, tanto en robos como en homicidios, desde que se cuenta con cifras oficiales en la Ciudad.
Desde diciembre de 2023, la Ciudad promedia una propiedad recuperada por día hábil: los barrios con mayor cantidad de operativos para terminar con las usurpaciones son Balvanera (116), La Boca (58), Almagro (53), Constitución (49), Flores (39), San Cristóbal (36), Palermo (36), Caballito (35) y Barracas (34). Con el de hoy, Nueva Pompeya llegó a los 20 desalojos.
“Propiedad número 900 recuperada. Estamos muy orgullosos, es un mensaje muy claro: en la Ciudad de Buenos Aires la propiedad privada se respeta. Y no vamos a permitir que quieran venir a instalar el caos como norma ni que traigan lo peor del conurbano a nuestra Ciudad”, aseguró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el operativo junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; al secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y la legisladora Rocío Figueroa.
Trabajó personal de Emergencias, de la Red de Atención, Bomberos, la Guardia de Auxilio y la Policía de la Ciudad.
Jorge Macri agregó: “Esto también es una política de orden, porque cada vez que hay un lugar usurpado, hay desorden en el barrio: hay trapitos que salen y aprietan, hay venta de drogas, hay un vecino que vive mal con un okupa al lado, que es violento y que amenaza. El orden es una mirada integral y es recuperar una Ciudad normal en la que se pueda convivir”.
En estos operativos que son encabezados por la Policía de la Ciudad, la Red de Atención censa a los ocupantes: trabajan con los ministerios de Desarrollo Humano, la Secretaría de Ordenamiento Urbano, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Jefatura de Gabinete. Según cada caso, se les ofrecen opciones para que no se queden en la calle, si bien la mayoría elige retirarse a casas de familiares.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) constata el estado del inmueble, por peligro para la seguridad de los ocupantes por riesgo estructural (derrumbes), sanitario y de higiene (fuga de gases, filtraciones y falta de ventilación), eléctrico o de incendios, entre otros. Cuando la AGC comprueba que el inmueble representa un peligro inminente para la seguridad pública o para sus ocupantes, se hace la clausura preventiva con un dictamen técnico que justifica la medida.
“Desde el Ministerio de Seguridad acompañamos esta política de orden que es un eje de la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri. En los lugares donde se devolvió una propiedad usurpada el delito bajó. Esos barrios están mejor. Y eso se logra con decisión política y gestión”, remarcó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.
El desalojo de 900 propiedades usurpadas y la devolución a sus dueños, la fiscalización de construcciones ilegales y el refuerzo de la seguridad en las calles demuestran el principal objetivo de la política de ley y orden que impulsa Jorge Macri: que la Ciudad sea una sola, con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos.