La Directora Ejecutiva de PAMI, Lic. Luana Volnovich, dispuso a través de una resolución capacitar a todo el personal del Instituto en temas de género y violencias contra las mujeres, tal como lo establece la Ley 27.499, denominada Ley Micaela, implementar programas específicos que permitan incorporar la perspectiva de género en la labor diaria y propiciar el lenguaje inclusivo y no sexista en las disposiciones, circulares e instrumentos normativos.“Hace un año se promulgó la Ley Micaela, que tuve el orgullo de votar en mi rol de diputada nacional.
PAMI firmó una resolución para su aplicación y así capacitar al personal para prevenir la violencia hacia las mujeres. Estamos construyendo un país más igualitario”, dijo Volnovich. De acuerdo con el texto, publicado en el Boletín de PAMI (http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/10-01-20.pdf), la nueva resolución se enmarca en uno de los principales ejes de la nueva gestión: “incluir como prioridad la igualdad real de género y el enfoque de los derechos humanos en las políticas destinadas tanto al personal que trabaja en el Instituto como aquellas dirigidas a toda su población afiliada”.
La resolución está en línea con las acciones que se llevan adelante desde el Poder Ejecutivo con todos los ministerios y que comenzó ayer con la capacitación del presidente Alberto Fernández y los y las integrantes del gabinete nacional en el Centro Cultural Kirchner. La Organización de las Naciones Unidas da cuenta de que a nivel mundial 1 de cada 5 mujeres y niñas han sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima durante los últimos 12 meses. En la Argentina, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2019, de un total de 94 femicidios identificados, 30 fueron perpetrados contra mujeres mayores, según cifras del Observatorio “Ahora que sí nos ven”.
Frente a esa realidad, la resolución compromete a todas las personas que trabajan en la institución a tener las herramientas para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres y establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer en situación de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. En este marco, la utilización del lenguaje inclusivo y no sexista busca evitar palabras que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o excluyentes, con la certeza de que todas las personas tienen el mismo derecho de ser nombradas y que con esta decisión PAMI colabora en la construcción de un país más democrático.