La causa tomó un giro por completo y ahora los socios del Club Comunicaciones tienen más esperanzas que nunca. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto la licitación a favor de la Mutual de Camioneros liderada por la familia Moyano, que le permitía quedarse con la institución deportiva, y prorrogó por tres años el fideicomiso que maneja la entidad. Los hinchas de Comunicaciones se negaban a que Camioneros se hiciera cargo y hasta llegaron a tomar las instalaciones del complejo.
La situación del club de Agronomía no es sencilla: en quiebra desde el 2000, tiene un pasivo de 12 millones de pesos y poco más de 2.500 socios. Los simpatizantes y vecinos pidieron que la Ciudad se hiciera cargo del club, pero el juez comercial Fernando D’Alessandro consideró que la oferta de Camioneros (levantar la deuda, invertir otros 40 millones de pesos, dar descuentos a los vecinos de la zona e incluir a todos sus socios del gremio) era mejor que la planteada por el Gobierno porteño -aprobada por la Legislatura-, que le restituiría el control del club a los abonados, cancelaría la quiebra y construiría un microestadio de 14 millones de pesos. El predio tiene una superficie de 17 hectáreas y está tasado en 167 millones de dólares.
La gente tiró la bronca y hasta tomó las instalaciones el mes pasado con banderas con inscripciones: “el club es de los socios” y “fuera Moyano”. Se criticó que la Ciudad no estaba poniendo todas las fuerzas en el salvataje y hasta se planteó la posibilidad de recurrir a la Nación. Ahora, un nuevo fallo de la Sala D del tribunal, a cargo de los camaristas Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan José Dieuzeide, da marcha atrás con la decisión y, entre otras cosas, plantea que en el proceso se dejó de lado al Estado Nacional, quien donó los terrenos que antes pertenecían al dominio público-estatal para que fueran aprovechados deportiva, social y culturalmente por los empleados del Ministerio de Comunicaciones. También solicita al órgano fiduciario, con el asesoramiento del Comité, la elaboración de un plan de salvataje para la institución.