sobre la violencia contra las mujeres

La Diputada Paula María Bertol presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo referido a la aplicación de la Ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Al respecto afirmó que: “Con las reformas que se llevaron adelante el año pasado en el Congreso contamos con la legislación necesaria para erradicar la violencia contra las mujeres. El problema es ahora articular la implementación”. “Cuándo se habla de violencia de género, femicidios, de mujeres y niñas víctimas de trata, tenemos que recurrir a la información de las asociaciones de la sociedad civil. No hay información oficial al respecto, no hay estadísticas. El Consejo Nacional de la Mujer no tiene la información que corresponde”, continuó Bertol.
Sobre la situación financiera del Consejo dijo que “Por otro lado, es alarmante que para este organismo el presupuesto total asignado en 2013 es de $ 17,48 millones de pesos de los cuales $13, 02 millones son Gastos de Personal. Es decir que sólo $4.46 millones de pesos serán los recursos con que cuente el órgano de aplicación para llevar adelante su tarea. Más grave aún es la poca importancia que ha merecido el tema para el Gobierno Nacional si tenemos en cuenta el 25% de inflación y que el año pasado el Consejo contó con un presupuesto total de $13.84 millones”.
Finalmente sostuvo que: “Tenemos que seguir trabajando para eliminar la desigualdad de poder que existe en las relaciones entre mujeres y varones, producto de una sociedad machista. Es fundamental prevenir, poniendo luz sobre los vínculos afectivos entre adolescentes para detectar a tiempo las situaciones de violencia. Cada una de nosotras puede ser vocera del cambio en nuestras comunidades. Conociendo los indicadores de violencia podemos actuar para evitar el daño futuro que muchas veces es irreparable”.
Contacto: Agustina Diez Monnet 156094-8240
Se adjunta pedido de Informes
Proyecto de Resolución
 
La Cámara de Diputados de la Nación
 
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo a efectos de solicitarle que informe sobre las siguientes cuestiones referidas a la ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen Sus Relaciones Interpersonales:
Señale los principales objetivos del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, indicando los principales avances obtenidos desde su implementación.
Detalle: a) las solicitudes efectuadas a los organismos y funcionarios del Estado Nacional y de las jurisdicciones locales sobre la realización de informes periódicos respecto de la implementación de la ley 26.485; b) señale si ha realizado recomendaciones, en caso de ser preciso, a los organismos a los que les haya requerido un informe; y en su caso, cuándo y dónde fueron publicadas dichas recomendaciones; c) las acciones desarrolladas semestralmente utilizando los insumos obtenidos de los informes mencionados.
Informe sobre los programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención; indicando el grado de implementación en cada una de las provincias.
Informe sobre el diseño e implementación de Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, señalando cuáles son los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes. Indique cuáles son los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados según los estándares mínimos establecidos en la ley, que fueron desarrollados con las distintas jurisdicciones.
Informe si el Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres ha realizado algún trabajo en base a investigaciones propias a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas en ejecución.
Señale qué mecanismos ha desarrollado e implementado para garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.
Informe qué resultados arrojó la revisión del Plan Nacional de Acción efectuado en el mes de noviembre de 2012 y qué acciones tendientes a readecuarlo, en caso de ser necesario, se están llevando adelante.
Qué cantidad de recursos económicos han sido asignados al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para las acciones proyectadas en el año 2013.
Señale si la partida presupuestaria asignada al Programa 17 dirigida a la formulación e implementación de Políticas Públicas de la Mujer resultan suficientes como para lograr el objetivo de la ley 26.485 que es el logro de una vida sin violencia de género.
 
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
 
El presente pedido de informes tiene como objetivo conocer las acciones llevadas adelante por el Consejo Nacional de la Mujer, en su carácter de organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley 26.485 sobre Prevención y Sanción de la Trata De Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Durante el año 2012 efectuamos dos reformas normativas en materia de violencia de género: se incorporó la figura del femicidio en el Código Penal y se modificó ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas.
En ambas ocasiones, se resaltó la falta de datos, estadísticas e información oficial que permita avanzar exitosamente en la prevención y erradicación del flagelo de la violencia.
Necesitamos conocer fehacientemente los datos que nos permitan evaluar si las políticas públicas diseñadas e implementadas por el órgano competente para el cumplimiento de la ley 26.3485 son hábiles y suficientes para garantizarle a las mujeres una vida sin violencia, tal lo establece el art. 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Más allá de cualquier mejora que se pudiera realizar, consideramos que tenemos la legislación necesaria para ponernos a trabajar.
Ahora tenemos que asegurarnos que las políticas públicas encaminadas a lograr tan ansiado fin, sean eficaces como para lograr cambios que achiquen y erradiquen la violencia contra las mujeres.
Esas políticas serán eficaces si el Órgano de Aplicación cuenta con los recursos legales, técnicos y económicos necesarios.
Buscamos informes de gestión del Consejo Nacional de la Mujer nos encontramos con que esa información no está disponible en forma completa, no hay rendiciones de cuentas generales ni desagregadas que nos permita evaluar el rumbo de las acciones diseñadas, que tampoco conocemos en detalle.
Cuándo se habla de violencia de género, femicidios, de mujeres y niñas víctimas de trata, siempre tenemos que recurrir a la información (valiosa por cierto) de las asociaciones de la sociedad civil. No hay información oficial al respecto, no hay estadísticas.
En la “Reunión Abierta sobre el estado de la información pública en la Argentina: producción, conservación, acceso y publicidad.” Llevada a cabo el 22 de octubre pasado, organizada por los diputados Graciela Camaño, Manuel Garrido, Gerardo Milman, Laura Alonso, Graciela Ocaña y Gustavo Ferrari.
Varias disertantes señalaron y denunciaron la falta de acceso a la información necesaria para trabajar en esta temática.
Por ejemplo: la Sra. Gherardi. Directora de la ONG “ELA”, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que trabaja por los derechos humanos de las mujeres a partir de las políticas públicas y el acceso a la Justicia.
Comentó que habitualmente presentan informes a los Comités de Seguimiento de las Naciones Unidas, el CEDAW –Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer-, y los denominados Desk, por ejemplo, donde hacen foco en los vacíos informativos sobre los derechos de las mujeres, particularmente violencia y derechos sexuales y reproductivos.
Esas denuncias, provocaron que por medio de recomendaciones del citado Comité, se señalara a la Argentina las deficiencias estadísticas desagregadas por sexo y los vacíos informativos que existen a nivel nacional.
Argentina es uno de los pocos países de América latina que carece de una encuesta nacional de violencia contra las mujeres. La información que existe emana apenas de registros administrativos, de algunas denuncias que se hacen. Son datos sumamente frágiles, difíciles de comparar y poco útiles para dar una idea acabada de la situación general de la violencia contra las mujeres, señaló Gherardi.
Si vamos a analizar el presupuesto total asignado al Consejo Nacional de la Mujer, como Unidad Ejecutora de la Formulación e Implementación de Políticas Públicas en esta materia, vemos que el mismo fue de $13.842.232 para el año 2012.
Y si tenemos en cuenta que de los 13 millones asignados, “$8.340.232.- fueron para gastos del personal del organismo (un 60,26% del total asignado), vemos que sólo $5.500.902 (39,74%) estaba destinado a la formulación e implementación concreta de las políticas públicas que establece la ley. Queremos saber y evaluar el trabajo realizado con esos recursos.
El presupuesto asignado para el año 2013 es de $ 17,48 millones de pesos de los cuales $13, 02 millones son Gastos de Personal. Es decir que sólo $4.46 millones de pesos serán los recursos con que cuente el órgano de aplicación para llevar adelante su tarea.
Es imprescindible que el Poder Ejecutivo brinde la información solicitada para poder saber a ciencia cierta cuánto estamos haciendo para prevenir y erradicar la violencia de la vida de las mujeres y saber si el presupuesto asignado resulta suficiente para lograr una vida sin violencia de género.
Sin más, queda fundamentado este proyecto de resolución solicitando a nuestros pares su pronto tratamiento y la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional.