Como consecuencia de la gran cantidad de denuncias de empleados de hospitales y centros de salud por incidentes en el lugar de trabajo, la Legislatura porteña avanza con un proyecto de ley que busca penar con sanciones económicas y hasta diez días de arresto a quienes afecten el funcionamiento de “los servicios sanitarios y hospitalarios”. La iniciativa, impulsada por los legisladores macristas Carmen Polledo y Alejandro García, ya tuvo dictamen en la Comisión de Justicia y ahora se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La idea es sacar un único despacho que tenga el consenso de todos los bloques políticos, para poder modificar el artículo 69 del Código Contravencional para incluir al sector médico. “Son de público conocimiento los hechos de violencia que sufren trabajadores y pacientes en hospitales públicos, como así también destrozos que luego impiden el normal funcionamiento de los servicios de salud. Entendemos que tal como están protegidos por el Código Contravencional la distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, también deberían estarlo los servicios sanitarios”, argumenta Polledo. Así planteado el tema, entonces, serán sancionados los agresores con un pago de mil a cinco mil pesos o prisión de dos a diez días.