Lo diferencian del avance kirchnerista sobre las fiscalías para frenar causas ligadas a la corrupción. Pero también lo toman como una intromisión del Gobierno nacional en un campo judicial. Y como argumentan que los afecta, buscan ponerle un freno. A través del fiscal general de la Ciudad, Martín Ocampo, el macrismo presentó un pedido en Tribunales para que se declare inconstitucional la ley de defensa del consumidor que aprobó el Congreso en septiembre pasado. “Es un atropello a nuestra autonomía. Los porteños ya tienen herramientas para dirimir pleitos de consumidores. Primero a nivel administrativo y después en el fuero contencioso y tributario”, resumió Ocampo.
La presentación se hizo a mediados de diciembre en un juzgado Civil y Comercial Federal. A la fecha, aseguró Ocampo, no hubo novedades. La norma cuestionada (ley nacional 26.993) formó parte de un paquete de nuevas regulaciones para controlar a las empresas. La más cuestionada, que tuvo el rechazo de casi todo el arco opositor y unió como pocas veces en esta década a las principales entidades empresarias, fue la de Abastecimiento, que también está judicializada.
“La ley de defensa del consumidor, en su momento, fue muy publicitada por el Gobierno. Era una manera del kirchnerismo de congraciarse con la gente, en medio de la pelea por la ley de Abastecimiento, que era lo que realmente le importaba. Pero es inconstitucional y por eso se hizo la presentación”, señalan en el PRO. Creen que el caso se terminará dirimiendo en la Corte Suprema de la Nación.Entre otras cosas, en el Gobierno porteño recuerdan que la ley de defensa del consumidor prevé la creación de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo en la Ciudad, con varios juzgados y una cámara de apelaciones. En síntesis, un nuevo fuero federal en el ámbito porteño, cuando se supone que el camino desde que se declaró a la Capital como un estado autónomo debiera ser el contrario. Es decir, transferir competencias de la Justicia nacional a la Ciudad.
“El Gobierno kirchnerista se agarra de la vieja ley Cafiero, que dejaba para la Nación los juzgados porteños de entonces. Pero además de que algunos temas y delitos ya se fueron transfiriendo, es inconcebible que se creen nuevos juzgados en la Ciudad y sean nacionales”, ampliaron en el PRO.El macrismo tuvo un encontronazo similar en el Congreso cuando se trató el Código Procesal Penal, la reforma judicial que ya avanzó en su costado más polémico: el cuestionado nombramiento de fiscales subrogantes. En su momento, el Ministerio Público porteño hizo una presentación en el parlamento con un argumento parecido. La Nación estaba invadiendo atribuciones de la Justicia de la Ciudad.“No puede ser que los diputados de todo el país decidan cómo van a ser procesos judiciales en la ciudad de Buenos Aires. Si querían un sistema acusatorio, que nos transfieran los delitos, la Ciudad ya tiene un sistema procesal en ese sentido”, invitan desde el PRO.
Fuente: Clarín
