El gobierno de Larreta logró aprobar un proyecto de ley para flexibilizar la venta de inmuebles públicos. Con los votos asegurados por la mayoría automática del oficialismo porteño en la Legislatura, el nuevo régimen otorga mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo en las operaciones inmobiliarias. En la antesala del segundo mandato de Larreta como Jefe de Gobierno, la iniciativa anticipa una aceleración de la política de venta masiva de tierras públicas que ha caracterizado a Cambiemos en sus doce años de gestión en la Ciudad.
La ciudad perdió un barrio
Desde que a fines de 2007 Mauricio Macri asumió́ la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, su política de administración del patrimonio público porteño se ha destacado por una notable imprudencia. Los primeros ocho años de mandato del PRO en la Ciudad (1) dejaron un saldo de 40 hectáreas vendidas y otras 100 concesionadas. Esa sucesión de privatizaciones entre 2008 y 2015 resultó sobrepasada por el desenfrenado proceso de liquidación y disposición de bienes de los cuatro años siguientes.
Entre 2016 y 2019, mientras Macri ejerció la Presidencia de la Nación y Rodríguez Larreta, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la concentración de poder en manos de Cambiemos permitió acelerar el remate de tierras. Entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad, en los últimos cuatro años se vendieron 100 hectáreas y se concesionaron más de 155 (2). Sin mayores limitaciones para la venta de activos, la coordinación de Cambiemos en Nación y Ciudad habilitó, en la mitad de tiempo, rematar más del doble de lo vendido en el período anterior.
Lejos de servir al enteres social, este proceso desenfrenado de venta de tierras públicas ha alimentado la voracidad del negocio inmobiliario. A diferencia de lo que había ocurrido con la cesión de las playas ferroviarias durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que permitieron la construcción del complejo Procrear (en Parque Patricios), las parcelas y edificios liquidados durante la gestión de Cambiemos no fueron destinados a iniciativas de interés público.
En efecto, la política de venta de inmuebles impulsada por Cambiemos tuvo como destino exclusivo la habilitación de negocios privados que no producen beneficios para la Ciudad: edificios de departamentos premium (3), emprendimientos gastronómicos y hoteleros exclusivos (4), centros comerciales (5) y oficinas de alta categoría (6), entre otros. Como señalan las mencionadas estimaciones sobre disposición de terrenos públicos, la dimensión del negocio inmobiliario en estos doce años de gestión Cambiemos (sumando hectáreas vendidas y concesionadas) equivale a 460 manzanas. A modo de referencia, se trata de una superficie similar a la del barrio de Nuñez. La influencia de la voracidad especulativa sobre el sector público le ha quitado un barrio entero a la Ciudad.