La imagen de los accesos con filas interminables molesta mucho a la administración nacional de Alberto Fernández. Por eso, el Gobierno endurecerá los controles desde este miércoles, una vez finalizados los dos días de feriado, lo que hará que muchas personas intenten circular con una habitualidad parecida a la previa del dictado de la cuarentena. Por eso, la orden que emana desde la residencia presidencial de Olivos es que, quien circule sin permiso, se le secuestra el auto, va preso y se le abre una causa penal. Vamos a apretar las marcas», asegura una fuente de extrema confianza y cercanía al Presidente de la Nación, quien desde las 11:30 de ayer miércoles, recibía en la Quinta de Olivos a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, junto a los jefes de las fuerzas federales.
Hay que apretar los controles. Que haya más presencia policial y de seguridad. Seremos inflexibles ante los que quieren circular como si en Argentina no pasara nada, el funcionario que sigue al detalle tanto la evolución de los partes del Ministerio de Seguridad sobre los controles, así como los reportes del Ministerio de Salud, que ha mostrado este miércoles, en su parte oficial, que la pandemia arroja un saldo de «un total de casos confirmados en Argentina de 387, de los cuales 7 fallecieron. Este seguimiento de los controles lo cumple también la Ciudad de Buenos Aires, donde el vicejefe de Gobierno Diego Santilli encabezará desde este mediodía, un recorrido para ver el efecto que produjo la decisión de cerrar 59 accesos a la Ciudad para fortalecer el aislamiento obligatorio. Hasta el pasado martes, el Ministerio de Seguridad mostraba una cifra de 1.229 personas detenidas por incumplir con el aislamiento social preventivo obligatorio.
En detalle, 988 personas fueron detenidas por la Gendarmería Nacional; 92 por la Policía Federal Argentina; 76 por la Prefectura Naval Argentina y 73 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y luego, hacían la disquisición de que habían sido aprehendidas (esto eso, demoradas para luego indicar que debían retornar a sus hogares), un total de 20.403 personas. Quien debe definir si se procede a la detención o a la aprehensión de una persona es un fiscal o juez, luego de que las fuerzas de seguridad le dan intervención al Poder Judicial. Pero el gobierno de Alberto Fernández quiere endurecer los controles y mostrar que no flexibilizará nada, sino que expondrá a quienes intentan burlarse de las directivas nacionales.