En un contexto donde las necesidades de salud mental de la población debe ser un eje central en materia de políticas públicas ante el impacto del aislamiento social, el miedo al contagio, la pérdida de familiares, de empleo, etc., la desidia en que la Dirección General de Salud Mental y el Ministerio de Salud del GCBA mantiene a las trabajadoras y por ende a los usuarios es alarmante. Salarios menores a $10000 de bolsillo, viáticos y teléfonos costeados por los trabajadores, amenazas de no cobro o incertidumbre ante las trabas burocráticas para el cobro del salario, actitudes persecutorias por parte del empleador que se agravaron en contexto de pandemia y reclamos justos, que son desoídos sistemáticamente.
Compañeros valiosísimos que sostuvieron la tarea con su profesionalismo, su cuerpo y la fuerte convicción de que el Programa ADOP ADOPI es garante de múltiples derechos a la población usuaria, hoy se ven obligados a dejar su trabajo ante este plan sistemático de desgaste y maltrato por parte del GCBA. Esta es una forma más de vulneración de derechos de la población usuaria de la que hacemos responsable a la Dirección General de Salud Mental y al Ministerio de Salud del GCBA.