La Legislatura porteña debatirá hoy en sesión ordinaria ,fue convocada para la 11:00), con legisladores /as presentes o conectados en línea, para tratar un temario que fue definido ayer por la tarde en la reunión de Labor Parlamentaria, presidida por el legislador Agustín Forchieri (VJ). Uno de los asuntos a considerar es un proyecto de ley de la legisladora Lucía Romano (VJ), que fue trabajado en las comisiones de Descentralización y Participación Ciudadana (preside el legislador Leandro Santoro – FdT) y de Asuntos Constitucionales (legislador Hernán Reyes VJ).
Su objetivo es “propiciar y fomentar el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en el ámbito de la Ciudad y afianzar los principios para desarrollar y fortalecer la toma de decisiones relacionadas a las políticas y acciones de gobierno”. A tales fines, la ley que se propone dispone la organización de foros, cursos y otras modalidades de formación cívica y nuevas herramientas para el acceso a la información pública con lenguaje claro, comprensible y permitiendo el uso de las variables tecnológica que la gente utiliza habitualmente.
Otro de los temas agendados para tratar hoy en la sesión es la ratificación de un acuerdo tripartito suscripto por el gobierno de la CABA con la administración nacional y la Provincia de Buenos Aires, referido al sistema de distribución de energía eléctrica en el área metropolitana. El entendimiento deja sin efecto la descentralización dispuesta por el gobierno anterior y nunca concretada y vuelve a instituir a la Nación como autoridad de aplicación de la concesión del servicio eléctrico que tienen asignadas las compañías privadas Edenor y Edesur.
A su vez, resuelve la creación de un ente regulador de dicho servicio de carácter tripartito (Nación, Provincia, Ciudad). La convalidación de otro decreto de necesidad y urgencia de la Jefatura de Gobierno de la CABA (el Nº 7/2021) también se pondrá a votación hoy en la Legislatura porteña. Esa norma prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria “con la finalidad de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19), contemplando el funcionamiento de las actividades autorizadas en el marco de los protocolos aprobados para cada caso”.