Esta semana el FMI advirtió que el gobierno nacional deberá tomar medidas “tempranas y decididas» para abordar los costos fiscales de la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional aprobada en febrero y asegurar el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo. Esta moratoria permitirá acceder a 800.000 personas a una jubilación, que en su mayoría son mujeres que tuvieron a cargo tareas de cuidados no reconocidas ni remuneradas, o que transitaron parte de su vida en el mercado informal de trabajo.
Sin embargo, el acuerdo con el FMI pone en peligro esta y otras políticas sociales claves para garantizar la igualdad de géneros, acentuando la brecha en el acceso a derechos por parte de las mujeres.En Argentina, la desigualdad de género es un hecho: las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, ganan en promedio un 29% menos que sus pares varones y constituyen el 70% de la población de menores ingresos. La responsabilidad del Estado es erradicar las brechas de género y, a través de ciertas políticas, se lograron algunos avances que tienden a ese objetivo.
Por ejemplo, la Moratoria Previsional permitió el acceso a una jubilación a mujeres que trabajaron en el hogar y no habían realizado aportes formales al sistema previsional. Sin embargo, existen otras políticas a través de las cuales el accionar del Estado, en vez de mitigar, profundiza las brechas de género. Entre ellas se encuentra el carácter regresivo del sistema tributario, el sostenimiento de exenciones fiscales injustificadas y la toma desmedida de deuda pública. Es clave que la resolución de la grave problemática de deuda que enfrenta Argentina no se realice a expensas de los derechos.
El Estado asumió el compromiso de revertir la desigualdad estructural de género, y para eso debe utilizar las herramientas de política fiscal ¿cómo? asignando los recursos necesarios para financiar políticas de cuidados, contra la violencia de género y para la reducción de brechas en general; regulando los gastos tributarios y eliminando exenciones fiscales injustificadas; y haciendo más equitativa la recaudación de impuestos mediante un aumento en la progresividad de aquellos que recaen sobre la riqueza y los ingresos, como Bienes personales y Ganancias de personas.