La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó ante el Senado de la Nación una serie de impugnaciones a las propuestas de designación de jueces y juezas realizadas por el Poder Ejecutivo, por tratarse de personas que no estaban en las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, sino en las listas complementarias de cada concurso elaboradas por el organismo. Esto significa que el Poder Ejecutivo se apartó de la regulación constitucional y legal para la designación de magistrados y magistradas.
Esta situación ocurrió en concursos de gran trascendencia, dado que son para cubrir vacantes en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal (que dirime los juicios contra el Estado), en lo Civil y Comercial Federal (tiene a su cargo los juicios comerciales más importantes del país, principalmente los vinculados a las empresas de servicios públicos) y en la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal (central para el desarrollo de la economía y para definir la relación entre el gobierno y las empresas).
Por qué esto es un problema:
Este tipo de concursos públicos intenta asegurar un procedimiento del que resulten los candidatos y las candidatas que hayan podido demostrar un mejor desempeño a lo largo de las distintas instancias. Así, la composición de ternas vinculantes es una forma de resguardar el principio de idoneidad. Si llegáramos al caso en el cual estos pliegos fueran aprobados y postulantes de listas complementarias fueran seleccionados/as, quedaría completamente desvirtuado el sistema de concursos dispuesto por la Constitución y la finalidad que lo inspiró. ACIJ realizó ante la Comisión de Acuerdos del Senado tres presentaciones solicitando que se rechacen estas postulaciones por no cumplir con los requisitos constitucionales y reglamentarios y, en consecuencia, que se devuelvan al Poder Ejecutivo para que se propongan nuevos candidatos y candidatas.