La empresa constructora que es propiedad de Florentino Pérez, el presidente de ACS y del Real Madrid, comunicó a la Bolsa de Comercio que su casa matriz, Dragados S.A. vendió su participación accionaria a un grupo de empresarios locales. Asimismo, la sociedad informó que su casa matriz realizó un préstamo de $23.000 millones para que pueda cancelar los préstamos bancarios que tiene tomados en Argentina.

Dycasa, que es presidida por Ramón Astor Catalán, y comandada por su CEO, Javier Balseiro, se encontraba en una situación crítica debido a las fuertes pérdidas sufridas en los últimos años, que la llevaron a una situación financiera muy delicada. Su último balance muestra un patrimonio neto negativo, con un altísimo endeudamiento, y muy pocas obras en ejecución. En medio de una situación patrimonial, económica y financiera crítica, la casa matriz se vio obligada a sanear las cuentas de la empresa para poder concretar su venta.

Pero en medio de esta situación, los empleados de Dycasa realizan denuncias desde hace meses porque son discriminados, maltratados, y no se les reconocen derechos adquiridos. A tal efecto, una empleada que pidió mantener su anonimato por temor a sufrir represalias, manifestó lo siguiente: “en este año, por primera vez en su historia, Dycasa no actualizó por inflación los sueldos de los empleados no sindicalizados. Es decir, a pesar de que en 9 meses la inflación fue de más del 100%, no nos hicieron ninguna actualización salarial. En definitiva, nos bajaron el sueldo a la mitad. Es una situación muy injusta, además de ser ilegal”.

Y, adicionalmente, informó que “estamos siendo discriminados, porque Dycasa le reconoció el ajuste por inflación a todos. Es decir, actualizó por inflación los sueldos del personal sindicalizado, le reconoce la inflación a todos los proveedores y asesores, y a los únicos que castiga es a los empleados que no estamos sindicalizados. Los compañeros se solidarizaron y vamos a realizar juntos denuncias penales, civiles y comerciales contra Dycasa, porque es ilegal lo que están haciendo. Además venden la empresa, consiguiendo un mejor precio de venta a costa de robarnos a los trabajadores. La justicia tiene que actuar para que la empresa respete nuestros derechos”.