Un fiscal busca determinar si el vicepresidente amado Boudou y Diego Bossio, como directores ejecutivos de la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), cometieron los delitos de administraci\u00f3n fraudulenta y malversaci\u00f3n de caudales al derivar dinero del organismo a diversas actividades como el financiamiento del \u201cF\u00fatbol para Todos\u201d(FPT). El caso, cuya causa inici\u00f3 a mediados de diciembre, pero que trascendi\u00f3 reci\u00e9n durante la feria de enero; se inici\u00f3 por la denuncia de 64 jubilados que fueron representados por el abogado Fabi\u00e1n Bergenfeld. La causa est\u00e1 a cargo del juez federal Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi. El fiscal Guillermo Mariju\u00e1n, quien impuls\u00f3 la investigaci\u00f3n, pidi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social que le informe al juez si hubo reuniones o debates en ese \u00e1mbito donde se discutiera la afectaci\u00f3n de fondos de los jubilados a otras actividades, como la compra de electrodom\u00e9sticos, el aporte al programa \u201cAutomovilismo para Todos\u201d y algunos subsidios espec\u00edficos, adem\u00e1s de \u201cFTP\u201d.
\n En este contexto, los jubilados plantearon en su denuncia que los fondos previsionales se usaron por fuera de la Ley 26.425 que, desde la estatizaci\u00f3n de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cre\u00f3 el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y rige el modo de manejar los recursos. Todos los recursos del SIPA pasaron al Fondo de Garant\u00eda de Sustentabilidad del R\u00e9gimen Previsional P\u00fablico de Reparto. Los denunciantes aseguran que destinar el dinero a financiar otras actividades est\u00e1 fuera de lo permitido por art\u00edculo 8 de la Ley que dice: \u201cLa totalidad de los recursos \u00fanicamente podr\u00e1n ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino\u201d.
\n En ese mismo art\u00edculo se agrega que \u201cel activo del fondo se invertir\u00e1 de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados\u2026\u201d. Los jubilados que presentaron la denuncia se\u00f1alan que mientras la presidenta Cristina Fern\u00e1ndez vet\u00f3 la Ley que permit\u00eda la aplicaci\u00f3n del 82% m\u00f3vil a los haberes jubilatorios derivaba fondos a otras cuestiones. La denuncia explica que: \u201cSin embargo ocurri\u00f3 lo previsible: el Poder Ejecutivo dio vuelta la espalda a lo resuelto en consonancia por los Poderes Judicial y Legislativo, vetando la aludida ley en uso de una facultad constitucional que debe utilizarse con un criterio restringido. Y \u00bfcu\u00e1l fue el fundamento brindado a la sociedad por el Poder Ejecutivo al vetar la ley? Que el sistema jubilatorio entrar\u00eda en colapso porque los fondos que maneja la ANSeS resultar\u00edan insuficientes. Entonces, en lo que constituye una verdadera burla a toda la sociedad y en particular a nuestros derechos, se acentu\u00f3 gravemente la dilapidaci\u00f3n de fondos por parte de ese organismo. As\u00ed, mientras se veta una ley para evitar el supuesto colapso del sistema, se lo sigue saqueando con fines espurios, sea para cubrir al exacerbado gasto p\u00fablico o tan solo con intencionalidades pol\u00edticas\u201d. La causa ya fue impulsada, ser\u00e1 la Justicia la que determine si, efectivamente, los fondos fueron utilizados por fuera de la Ley.
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