Los diputados nacionales de la CC ARI, Rub\u00e9n Manzi y Maximiliano Ferraro, presentaron ayer un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, incluido el Consejo de la Magistratura y el Ministerio P\u00fablico Fiscal, con el objetivo de asegurar la administraci\u00f3n de justicia en la provincia. El proyecto sostiene que en la provincia de Santiago del Estero \u201cbajo la legitimidad estatal y democr\u00e1tica, se siguen constatando modalidades estructurales de tortura, represi\u00f3n y persecuci\u00f3n. As\u00ed, la violencia institucional y la violaci\u00f3n de los Derechos Humanos son una problem\u00e1tica de antigua data, que constituyen una compleja trama que abarca la cultura pol\u00edtica, la complicidad entre poderes del Estado o entre poderes del Estado y algunas \u00e9lites, la formaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad, la ineficiencia de \u00e9stas para garantizar la paz social, como tambi\u00e9n la explotaci\u00f3n de las vulnerabilidades de ciertos sectores sociales\u201d.<\/p>\n
\u201cA partir del contacto directo que hemos tomado con v\u00edctimas de estas violaciones a derechos humanos elementales y afectaci\u00f3n de las caracter\u00edsticas esenciales de la forma republicana de gobierno, hemos podido comprobar que en Santiago del Estero el Estado de Derecho se encuentra afectado, espec\u00edficamente en el manejo del Poder Judicial.\u00a0 Detenciones arbitrarias, violencia policial, falta de administraci\u00f3n de justicia y persecuci\u00f3n pol\u00edtica son algunas de las variables que caracterizan el r\u00e9gimen pol\u00edtico y la problem\u00e1tica provincial actual. Todo ello en un contexto hist\u00f3rico que evidencia una fr\u00e1gil institucionalidad, acentuada a\u00fan m\u00e1s en la pandemia, cuando el Estado exacerb\u00f3 los controles por parte de las fuerzas policiales y que, secundariamente, gener\u00f3 renovadas oportunidades para que afloren rasgos autoritarios y de avasallamiento a la sociedad\u201d, explican los diputados en los fundamentos del proyecto de ley.<\/p>\n
Destacan que no se trata de hechos aislados \u201csino m\u00e1s bien de hechos que evidencian una matriz perversa de impunidad, injusticia y dolor causada por el accionar policial y judicial. Santiago del Estero por su estructuraci\u00f3n estatal centralizada, de padrinazgo pol\u00edtico, se caracteriza por una concentraci\u00f3n al acceso de posibilidades de inserci\u00f3n social, laboral y econ\u00f3mica, que enfrenta serias restricciones a la realizaci\u00f3n de denuncias y al acceso a la justicia en cuanto a problem\u00e1ticas de violencia institucional y\/o violaciones a derechos humanos\u201d.<\/p>\n
El proyecto se bas\u00f3 principalmente en dos informes que establecen un an\u00e1lisis exhaustivo de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad que viven los\/las santiague\u00f1os\/as. Por un lado, el informe de justicia realizado por el Comit\u00e9 contra la Injusticia y la Impunidad en Santiago del estero (C.I.I) protagonizado por la asociaci\u00f3n madres del dolor, por el otro, el informe de Violencia Institucional realizado por el diputado Rub\u00e9n Manzi en el a\u00f1o 2020 el cual desarrolla los m\u00faltiples hechos de violencia institucional en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO DNU 297\/20) dejando al descubierto las pr\u00e1cticas anticonstitucionales y cargadas de violencia propiciadas por el Estado provincial, sus instituciones y dependencias.<\/p>\n
Ambos informes sostienen la existencia de una crisis institucional de caracter\u00edsticas estructurales, que vulneran los derechos fundamentales, las libertades individuales, como tambi\u00e9n la aplicaci\u00f3n de los debidos procesos judiciales, generando una matriz de impunidad, complicidad y corrupci\u00f3n que tiene como actor principal al Poder Judicial provincial, como tambi\u00e9n a organizaciones para\u00a0 estatales, relacionados con la delincuencia, el narcotr\u00e1fico y la trata de personas, que posicionan a la provincia de Santiago del Estero en una situaci\u00f3n inaceptable de violaci\u00f3n a los derechos humanos en democracia. Las denuncias y los casos recopilados presentan serias fallas en torno a la ejecuci\u00f3n del debido proceso judicial. Dan cuenta de los h\u00e1bitos delictivos de la elite judicial, pol\u00edtica y econ\u00f3mica de la provincia que, con impunidad, desaf\u00edan los l\u00edmites de la legalidad y transparentan sus relaciones de complicidad entre autoridades de diversa \u00edndole con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Entre estos casos se encuentra el homicidio de Franco Nicol\u00e1s Isorni, la detenci\u00f3n seguida de muerte de Mauro Coronel, el caso de Ra\u00fal Dom\u00ednguez empleado p\u00fablico que fue desaparecido, la desaparici\u00f3n de Leonardo Ezequiel Gallo joven de 28 a\u00f1os, el crimen de Clelia Santill\u00e1n ejecutada en la capilla de San Esteban, el infanticidio de Mario Salto, ni\u00f1o de 11 a\u00f1os que fue vejado, estrangulado, decapitado y descuartizado en la localidad de Quimili, el homicidio de Sergio Godoy, el homicidio de Felipe Jaime, joven de 17 a\u00f1os. El proyecto de ley propone que sea el Poder Ejecutivo Nacional quien designe un interventor federal y la creaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n Bicameral de Seguimiento y Control de la Intervenci\u00f3n de esa provincia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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