Las fundaciones Alem (Uni\u00f3n C\u00edvica Radical), Pensar (PRO) y Hannah Arendt (Coalici\u00f3n C\u00edvica ARI), realizaron un informe en el que analizan los avances del kirchnerismo sobre la Justicia durante su primer a\u00f1o de gesti\u00f3n. \u201cUn a\u00f1o de atropello a la Justicia\u201d, es el titulo del documento. \u201cEn medio de una emergencia econ\u00f3mica, sanitaria y social sin precedentes, el Gobierno decidi\u00f3 otorgar absoluta prioridad en su agenda a reformas de la Justicia\u201d, se\u00f1alan.<\/p>\n
\u201cLa principal consecuencia del conjunto de medidas que adopt\u00f3 el oficialismo en el \u00e1mbito judicial fue el debilitamiento de las instituciones y la divisi\u00f3n de poderes, establecida en la forma de gobierno republicana de la Argentina\u201d, afirma el texto elaborado por las fundaciones. \u201dLas propuestas de reforma no son las que necesitan los ciudadanos que acuden a los tribunales. Se puede ver con claridad que estos proyectos no buscan ampliar el acceso a la justicia, mejorar el funcionamiento de los tribunales para reducir los plazos, ni transparentar la administraci\u00f3n de justicia\u201d, a\u00f1adieron.<\/p>\n
El texto enumera la serie de medidas e iniciativas tomadas por la administraci\u00f3n kirchnerista en estos primeros doce meses al frente del Gobierno. \u201cEn febrero, se derog\u00f3 la Agencia Nacional de Protecci\u00f3n; en marzo, se impuls\u00f3 la intervenci\u00f3n federal a la Justicia de Jujuy; en abril, la Secretar\u00eda de Derechos Humanos solicit\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria de Ricardo Jaime y Mart\u00edn Baez. Adem\u00e1s, entre marzo y junio, se incit\u00f3 a la liberaci\u00f3n masiva de personas detenidas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n en abril, se modific\u00f3 la ley de Jubilaci\u00f3n de Magistrados, lo que provoc\u00f3 la renuncia de decenas de jueces; en mayo, el oficialismo realiz\u00f3 fuertes cr\u00edticas a magistrados y fiscales acus\u00e1ndolos de haber participado de maniobras de persecuci\u00f3n pol\u00edtica (lawfare) contra funcionarios kirchneristas. Desde principios de a\u00f1o, la Oficina Anticorrupci\u00f3n fue renunciando a las querellas que ten\u00eda en diversas causas de corrupci\u00f3n. Por ejemplo, en mayo renunci\u00f3 a su participaci\u00f3n en las causas Los Sauces y Hotesur. En julio, el Poder Ejecutivo present\u00f3 el proyecto de reforma judicial del fuero penal federal de la Capital y de las provincias.<\/p>\n
La iniciativa obstaculiza la implementaci\u00f3n del sistema acusatorio (de funcionamiento exitoso en Salta y Jujuy), carece de toda base emp\u00edrica, tiene un costo alt\u00edsimo e irrazonable, y resulta inconstitucional al contrariar la doctrina de la Corte Suprema respecto de los jueces subrogantes. En el mismo mes, el Gobierno cre\u00f3 un Consejo Consultivo para realizar propuestas de cambios a la Justicia. Sus ejes de trabajo fueron: la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, el Consejo de la Magistratura de la Naci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico Fiscal y de la Defensa de la Naci\u00f3n, los juicios por jurados y la transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires. As\u00ed, se instal\u00f3 la necesidad de reformar instituciones centrales de nuestro sistema judicial y de gran influencia en t\u00e9rminos de independencia judicial.<\/p>\n
En agosto, el Gobierno inici\u00f3 su avanzada contra los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi, quienes hab\u00edan intervenido en causas de corrupci\u00f3n contra funcionarios kirchneristas. Finalmente, en noviembre la Corte Suprema decidi\u00f3 que los traslados hab\u00edan sido v\u00e1lidos, pero que no eran permanentes, por lo que ambos jueces deber\u00e1n permanecer en sus cargos hasta que se realice el concurso de los jueces definitivos. Tambi\u00e9n en agosto, se dio media sanci\u00f3n en el Senado al mencionado proyecto de ley de ‘Organizaci\u00f3n y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias’. Este proyecto fue severamente cuestionado en el \u00e1mbito acad\u00e9mico, judicial y la sociedad civil. Asimismo, se solicit\u00f3 el juicio pol\u00edtico contra Eduardo Casal, Procurador General de la Naci\u00f3n interino. Se argument\u00f3 que hab\u00eda protegido al fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos, entre otros puntos.<\/p>\n
A fines de noviembre, obtuvo media sanci\u00f3n el proyecto de reforma a la Ley Org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico Fiscal, que implica un claro avance sobre la autonom\u00eda del Ministerio P\u00fablico a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Bicameral de Seguimiento y Control", Adem\u00e1s, desde las fundaciones que integran JxC advierten que \u201cel Gobierno ha detenido la implementaci\u00f3n del sistema acusatorio y ha suspendido la aprobaci\u00f3n de la designaci\u00f3n del candidato a Procurador General. Pareciera que se mantendr\u00e1 as\u00ed hasta despu\u00e9s de que se apruebe la ley, que sin dudas debilitar\u00e1 al Ministerio Publico Fiscal en general y a los fiscales en particular". "La reforma judicial, impulsada por Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner y funcionarios procesados por la Justicia, con apoyo t\u00e1cito del Presidente, enmascara un plan de impunidad. Busca revertir el avance de las causas judiciales que los involucran, y construir una justicia adicta\u201d, concluyeron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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