El titular del Juzgado N\u00b010 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Aurelio Ammirato, hizo lugar a la demanda entablada por una docente (mujer de 34 a\u00f1os de edad a la fecha de la primera manifestaci\u00f3n de la enfermedad) del sector p\u00fablico y conden\u00f3 al Ejecutivo local y a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma de 560 mil pesos, con m\u00e1s intereses. Todo ello en el marco de la causa V. T., M. S. contra GCBA y otros sobre da\u00f1os y perjuicios (excepto responsabilidad m\u00e9dica).<\/p>\n
El gobierno fue condenado por no haber adoptado medidas de prevenci\u00f3n de la enfermedad profesional, tendientes a reducir al m\u00ednimo posible los riesgos que provienen de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. A Galeno se le atribuy\u00f3, en cambio, el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de prevenir esos riesgos en los t\u00e9rminos del contrato vigente y la legislaci\u00f3n aplicable. Para fallar de este modo, el juez declar\u00f3 la inconstitucionalidad de los arts. 39, inc. 1\u00b0, ley 24.557; y 1\u00b0, decreto PEN N\u00b0334\/96, en tanto eximen de responsabilidad al empleador que cuente con cobertura de riesgos del trabajo.<\/p>\n
En la sentencia se relat\u00f3 que la interesada es docente dependiente del gobierno desde el mes de julio de 1997 y que el 7 de septiembre de 2010, un especialista en otorrinolaringolog\u00eda le diagnostic\u00f3 \u2018esbozos nodulares en ambas cuerdas vocales’. A ra\u00edz de ello, sostuvo que a pesar de haber seguido el tratamiento, al volver a clases su afecci\u00f3n empeor\u00f3 y por ello denunci\u00f3 la situaci\u00f3n ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. La Junta M\u00e9dica determin\u00f3 que sufre una discapacidad del 17 por ciento. La docente afirm\u00f3 que el gobierno y la A.R.T. omitieron efectuarle ex\u00e1menes m\u00e9dicos de las cuerdas vocales o brindarle capacitaci\u00f3n para evitar la enfermedad profesional que padece, incumpliendo de tal modo las obligaciones establecidas en la ley 24.557; y por \u00faltimo, que\u00a0 en el supuesto de haber cumplido, alguna de las normas de seguridad invocadas, no habr\u00eda padecido la enfermedad profesional.<\/p>\n
Al evaluar la tarea pericial, Ammirato admiti\u00f3 las conclusiones de la Direcci\u00f3n de Medicina Forense, la cual dictamin\u00f3 que se ha generado en la actora un trastorno depresivo mayor, sin s\u00edntomas psic\u00f3ticos, de grado leve y estim\u00f3 un grado de incapacidad ps\u00edquica de entre el 3 y el 5% . Especific\u00f3 en lo referido a la incapacidad f\u00edsica sobreviniente que teniendo en cuenta las secuelas incapacitantes descriptas, as\u00ed como tambi\u00e9n las caracter\u00edsticas personales de la actora, corresponde fijar en concepto de indemnizaci\u00f3n por este rubro la suma actual de ciento cincuenta mil pesos.<\/p>\n
Acerca del da\u00f1o moral, advirti\u00f3 que \u00aben tanto limitaci\u00f3n del habla, el dolor de garganta que implica, la recalificaci\u00f3n profesional, y la frustraci\u00f3n e impotencia consecuentes al ver interrumpido el desarrollo de su carrera, como as\u00ed tambi\u00e9n la alteraci\u00f3n que todo ello razonablemente aparej\u00f3 en su tranquilidad, cabe fijar en concepto de indemnizaci\u00f3n por este rubro la suma actual de doscientos mil pesos. A la hora de ponderar la p\u00e9rdida de chance, se\u00f1al\u00f3 que la demandante padeci\u00f3 un perjuicio cierto y concreto consistente en haber visto cercenado su derecho a la carrera a una edad temprana, cuando a\u00fan ten\u00eda por delante m\u00e1s de veinte a\u00f1os de trabajo. Ello conduce a estimar prudentemente el valor indemnizatorio correspondiente, y as\u00ed fijarlo en la suma actual de ciento setenta mil pesos. Por \u00faltimo, en la indemnizaci\u00f3n por tratamiento psicol\u00f3gico, fij\u00f3 la suma actual de cuarenta mil pesos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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