En Salta, la situaci\u00f3n de las infancias ind\u00edgenas es alarmante. El Estado sigue incumpliendo de forma evidente su obligaci\u00f3n de garantizar los derechos humanos de esta poblaci\u00f3n, manteni\u00e9ndola en una situaci\u00f3n de total exclusi\u00f3n y abandono. En primer lugar, la provisi\u00f3n de agua contin\u00faa en estado cr\u00edtico. Las comunidades ind\u00edgenas con las que IED trabaja se\u00f1alan de manera uniforme que no existe infraestructura h\u00eddrica, que los planes de emergencia de provisi\u00f3n de agua son insuficientes, irregulares y que en la mayor\u00eda de los casos no brindan agua apta para el consumo humano, y que en los muy pocos casos donde hay obras proyectadas, se encuentran paralizadas y sin avance alguno desde hace a\u00f1os.<\/p>\n
Frente a reclamos presentados por estos pueblos, Aguas del Norte -empresa estatal provincial- consider\u00f3 que no tiene obligaci\u00f3n de proveerles agua.\u00a0 Para justificar su respuesta, explic\u00f3 que solo hay obligaci\u00f3n de prestar el servicio en \u201czonas servidas\u201d y que las comunidades residen en zonas \u201cno servidas\u201d, de acuerdo al decreto 3652\/2010. Seg\u00fan esa norma, \u00fanicamente hay derecho a asistencia t\u00e9cnica, que debe ser solicitada expresamente por la comunidad y eventualmente puede derivar en obras de provisi\u00f3n de agua o no, seg\u00fan la oportunidad y conveniencia. En otras palabras, para el Estado salte\u00f1o el derecho humano al agua potable se encuentra condicionado al criterio de oportunidad definido por la burocracia de una empresa estatal.<\/p>\n
Respecto de la implementaci\u00f3n de la Ley de Salud Intercultural, no existieron progresos reales en la que debe ser una pol\u00edtica p\u00fablica central para evitar fallecimientos infantiles. La ley contin\u00faa sin reglamentaci\u00f3n ni recursos presupuestarios, y aunque se encuentra en tr\u00e1mite un proyecto, la propuesta es deficitaria porque no ha sido sujeta a consulta con las comunidades originarias. Adem\u00e1s, desde enero de 2022 se encuentra incumplida una medida cautelar confirmada por el Tribunal de Justicia de Salta, que obliga al Estado a poner en funcionamiento los albergues de tr\u00e1nsito para las familias que deben realizar tratamientos lejos de sus hogares (art\u00edculo 3 de la ley) y a contratar facilitadores y facilitadoras interculturales (art\u00edculo 2 de la ley).<\/p>\n
Sin embargo, en ninguno de los cuatro hospitales comprendidos en la cautelar (Santa Victoria Este, Or\u00e1n, Embarcaci\u00f3n y Tartagal) funcionan los albergues, y tampoco se han ofrecido soluciones alternativas para las urgencias de salud de ni\u00f1as y ni\u00f1os.\u00a0 En cuanto a los facilitadores y facilitadoras, en noviembre de 2022 el Estado inform\u00f3 que iban a ser contratadas 20 personas que se distribuir\u00edan en diversos centros de salud. No obstante, a ra\u00edz de los fallecimientos infantiles recientes en los hospitales de Embarcaci\u00f3n y Or\u00e1n, se constat\u00f3 que en muchos casos no se ha avanzado en la incorporaci\u00f3n de personal a estos fines.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la falencia en nuevas contrataciones, los facilitadores y facilitadoras que hay no cumplen con el objetivo previsto por la ley de \u201carmonizaci\u00f3n intercultural entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atenci\u00f3n y contenci\u00f3n\u201d sino que, como informan las comunidades con las que IED trabaja, suelen realizar tareas de porter\u00eda o limpieza en los hospitales.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n afecta a las infancias en forma desproporcionada, da\u00f1ando su salud y conduci\u00e9ndolas a la muerte. En relaci\u00f3n con esto \u00faltimo, la informaci\u00f3n sobre los fallecimientos de ni\u00f1as y ni\u00f1os es totalmente opaca. La pr\u00e1ctica estatal consiste en difundir datos incompletos, y el gobierno hasta omiti\u00f3 responder a pedidos de informaci\u00f3n presentados por IED que buscan clarificar el modo en el que se construyen las estad\u00edsticas, en directa violaci\u00f3n a la Ley 27.275 de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n despierta temores fundados en las comunidades y en las organizaciones, cuyas experiencias permiten, adem\u00e1s, inferir que no todas las muertes son efectivamente registradas. Los \u00faltimos datos disponibles arrojan que en los \u00faltimos tres a\u00f1os fallecieron en la provincia al menos 108 ni\u00f1as y ni\u00f1os en 2020, 64 en 2021 y 45 en 2022.<\/p>\n
En este contexto de violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de derechos humanos y desidia estatal, las organizaciones de Infancia en Deuda exigimos nuevamente al Estado salte\u00f1o, a la Defensor\u00eda Nacional de Derechos de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes, as\u00ed como a los restantes organismos de protecci\u00f3n de derechos, que brinden respuestas urgentes para que las infancias ind\u00edgenas dejen de morir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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