La Sala III de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvi\u00f3 -por mayor\u00eda- condenar al GCBA y a AGSA a dar cumplimiento a la finalidad establecida en el art\u00edculo 3.1.2* del C\u00f3digo de Planeamiento Urbano durante la vigencia del contrato de concesi\u00f3n en el denominado Distrito Arcos, ubicado en el barrio porte\u00f1o de Palermo (31\/12\/30, prorrogable al 30\/4\/2037). Todo ello en el marco de la causa \u201cFederaci\u00f3n de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y otros contra GCBA y otros sobre Amparo\u201d.<\/p>\n
A su vez, orden\u00f3 que \u201cse deber\u00e1 acreditar en la causa el efectivo traspaso de la superficie en juego (como m\u00ednimo, seg\u00fan la normativa aplicable, 23.319,41 metros cuadrados) en el plazo general de sesenta (60) d\u00edas, vencido el cual quedar\u00e1 habilitada la ejecuci\u00f3n forzada del presente pronunciamiento\u201d. El complejo se encuentra bajo concesi\u00f3n de la empresa Arcos Gourmet S.A. En su voto, los camaristas Hugo Zuleta y Mariana D\u00edaz expresaron que \u201cseg\u00fan los avances edilicios del emprendimiento, el espacio descubierto disponible (11.664,11 metros cuadrados) resulta insuficiente a fin de satisfacer la porci\u00f3n m\u00ednima de terreno que, seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo 3.1.2 del CPU, deber\u00e1 destinarse al GCBA (al menos, 23.319,41 metros cuadrados)\u201d.<\/p>\n
\u201cSumado a lo anterior, no obran elementos que permitan dar por acreditado que el remanente de predio sin construcci\u00f3n cumple con la finalidad ambiental establecida en la norma citada precedentemente pues esa extensi\u00f3n, por un lado, no qued\u00f3 destinada al \u2018uso y utilidad p\u00fablica\u2019 por acto alguno que justificara la posibilidad de atribuir esa calificaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n y, por el otro, tampoco se halla afectada \u2018especial y preferentemente (\u2026) a la generaci\u00f3n de nuevos espacios verdes parquizados\u2019; sin que ello haya sido controvertido por la parte demandada o la citada en garant\u00eda en estas actuaciones\u201d, agregaron.<\/p>\n
Los jueces de c\u00e1mara concluyeron que \u201cla presente condena debe orientarse a resguardar el derecho ambiental vulnerado, sin requerir el ejercicio de una competencia propia de la Administraci\u00f3n, pues, de ese modo, adem\u00e1s de respetar el reparto de atribuciones constitucionales, se permite asegurar la eficacia de la manda judicial ante el eventual incumplimiento del demandado, permitiendo la ejecuci\u00f3n forzada de aquella en base a las pautas bajo las que se determine el restablecimiento del derecho que disponga la condena\u201d.Por su parte, la camarista Gabriela Seijas, en disidencia, vot\u00f3 declarar \u201cla nulidad de los art\u00edculos 3\u00ba, 8\u00ba y 9\u00ba de la ley 4477 (BO 4094, del 15\/02\/13), por haberse sancionado en violaci\u00f3n al procedimiento fijado por la CCABA, la nulidad de la disposici\u00f3n 1015\/DGIUR\/13, que autoriz\u00f3 el emprendimiento, y de la resoluci\u00f3n 157\/APRA\/14, por contradecir los t\u00e9rminos del CPU\u201d.<\/p>\n
\u201cTanto el CPU como la propia ley 4477 han establecido un especial r\u00e9gimen de protecci\u00f3n para los bienes del Estado Nacional sujetos a privatizaci\u00f3n, desafectados del dominio p\u00fablico o del servicio p\u00fablico. El 65% de tales bienes deben ser destinados al uso y utilidad p\u00fablica, preferentemente para la generaci\u00f3n de nuevos espacios verdes parquizados\u201d, explic\u00f3. \u201cLas preocupaciones medioambientales han sido la base de la legislaci\u00f3n sobre usos de los bienes desafectados o transferidos, lo que impone, adem\u00e1s de sus deberes legales, una \u00e9tica de la responsabilidad a los gobernantes, quienes no pueden con su voluntad violar todo este r\u00e9gimen protectorio. Se trata de una \u00e9tica orientada al futuro que exige apego a las normas, calma, prudencia y equilibrio\u201d, finaliz\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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