El juez del concurso de acreedores de la ex Ciccone, Javier Cosentino, le pidió a los abogados de la empresa que detallen cuáles puntos del cuestionario que se negaron a responderle la semana pasada forman parte del secreto fiscal y bancario.La nueva Ciccone, llamada ahora Compañía de Valores Sudamericana (CVS), se negó a responder un cuestionario del juez -expediente que corre por separado a la investigación penal- tendiente a conocer el estado actual de la firma, con la excusa de que esa información forma parte del secreto fiscal. En la requisitoria judicial, formulada a través de la sindicatura del concurso, había un pedido de “exhibición” de los “libros contables, societarios y laborales” de la empresa, un punto que podría arrojar luz sobre los reales propietarios de la firma. Pero, además, se requería información sobre sus empleados, sus deudas y acreencias, con qué trabajos cuenta en la actualidad, si cumple o no el acuerdo alcanzado con sus acreedores al momento del levantamiento de la quiebra y si paga todos sus impuestos, entre otras preguntas.La requisitoria incluía exhibir la constancia de pago de su deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de un régimen especial que la entidad recaudadora se había negado antes a otorgarle a la firma. El apoderado de CVS, Oscar Bareiro, pidió al juez formar un expediente paralelo secreto para que esa información no esté al alcance de todos los participantes del expediente del concurso, esto es decenas de acreedores, abogados y peritos. El juez aseguró que, antes de resolver sobre ese pedido, la empresa deberá aclarar cuáles de los puntos planteados a modo de interrogatorio por la sindicatura estarían eventualmente alcanzados o protegidos por el secreto fiscal y el secreto bancario. El objetivo de Cosentino es preservar los intereses de los acreedores de la firma.
