Con un déficit operativo de $ 1 millón mensual, con la imposibilidad de funcionar sin contratos del Estado (que hoy le paga $ 160 millones por la impresión de billetes de 100 pesos) y envuelta en un escándalo judicial -que tiene como principal sospechoso de corrupción al vicepresidente Amado Boudou, bajo la lupa de la Justicia- la ex Ciccone Calcográfica podría ser estatizada. Así había trascendido en distintos medios la semana pasada y la noticia es confirmada por Clarín, en su edición de hoy.
Tanto el ministro de Justicia, Julio Alak, como el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, vienen estudiando los caminos jurídicos para la estatización de la empresa. Pero esto no tendría ningún efecto en la causa judicial, en la que Boudou es investigado por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero.
También, legisladores de la oposición como Fernando “Pino” Solanas habían presentado proyectos para la estatización. La imprenta es ahora dirigida por Alejandro Vandenbroele, un presunto testaferro de Boudou, quien dice no conocerlo.
Estudian estatizar Ciccone
