El fiscal José María Campagnoli -perseguido por el Gobierno después de investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez- fue recibido ayer por legisladores de la oposición, que reclamaron que sea restituido en su cargo. Pero la reunión, en la que expusieron Campagnoli y su abogado defensor Ricardo Gil Lavedra, fue más allá del estado del juicio al fiscal (un juicio que ha entrado en la nebulosa, después de la renuncia de una integrante del Jury). En los discursos se acumularon cuestionamientos a la procuradora Alejandra Gils Carbó y a la falta de control parlamentario al Ministerio Público en la designación y evaluación de los fiscales.
Gil Lavedra, como había dicho días antes, insistió en que “el juicio técnicamente ha concluido, no puede reiniciarse”. El Tribunal de enjuiciamiento era presidido por Daniel Adler, pero ahora asume esa función Nicolás Toselli.
Y Campagnoli aseguró: “Estamos frente a un poder que nadie controla. Esto permite poner a dedo fiscales en lugares clave y dar mensajes para amedrentar a otro”.
El diputado radical Manuel Garrido señaló: “Desde hace varios años venimos alertando para que se establezca la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público y el oficialismo lo bloquea sistemáticamente. Hay una decisión de quitarle al Ministerio las esferas de control. La consecuencia es lo que está pasando, con la irregularidad en la elección del Consejo Evaluador”. Entre los legisladores que asistieron a la reunión, convocada por el bloque de la Unión Cívica Radical, se encontraban Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Néstor Pitrola (Frente de Izquierda), el socialista Roy Cortina, Norma Morandini (Frente Cívico) y Cornelia Schmidt Liermann (PRO).
Acto de apoyo al fiscal Campagnoli
