Dentro del paquete de proyecto de leyes que el Gobierno anunciará mañana, hay uno de crucial importancia política y financiera. Es el que propone pagar los más de 300.000 juicios por reajustes de haberes que mantienen los jubilados contra la ANSeS y a otros 700.000 jubilados que no hicieron juicio pero tienen derecho al mismo reclamo. Ese paquete incluiría un amplio blanqueo de capitales, un régimen de promoción a las pymes y cambios en la coparticipación de impuestos con las provincias.
En el caso de los jubilados, el texto se mantiene en total hermetismo, pero se ofrecería cuando se pague el juicio, un acuerdo o “transacción” voluntaria con un pago equivalente a un porcentaje del reclamo. Y de esa suma, con un descuento cuya magnitud no se conoce, se pagaría una parte al contado y el resto en 2 o 3 cuotas, actualizado por el índice de movilidad del sistema. Queda por definir el eventual descuento por el impuesto a las Ganancias.
A cambio, el jubilado debería optar entre retirar la demanda o proseguir con el juicio. En tanto, los que no hicieron juicio deberían desistir de hacer un reclamo judicial por ese reajuste. La “transacción” debería ser presentada y homologada en los Tribunales de la Seguridad Social. En base a ese acuerdo, hacia delante, los haberes corrientes de esos jubilados serían reajustados por los índices fijados por la Justicia. Las sentencias firmes (que deben ser abonadas dentro de los 120 días) se pagarán este año en base a la partida del Presupuesto 2016 que asciende a $ 12.500 millones lo que permite cancelar unas 50.000 sentencias.
Actualmente, las sentencias que paga la ANSeS, en promedio, rondan los $ 250.000. En consecuencia se calcula que lo que está en juego con el proyecto de ley es el pago de más de $ 250.000 millones, menos la quita que surja del acuerdo transaccional de los jubilados con la ANSeS, a lo que debe sumarse el pago corriente del reajuste de los haberes.