La Justicia porteña analiza en dos causas las presentaciones realizadas por peones y conductores de taxis, consumidores y un conductor de Uber, para que el Gobierno de la Ciudad intervenga en la actividad de ese sistema. Una de las causas fue impulsada por peones y conductores de taxis y busca que el Gobierno porteño prohíba o regule la actividad del sistema Uber, mientras que la otra, presentada por una asociación de consumidores y un chofer de esa plataforma, pide autorizar la actividad.

El juez a cargo sostuvo en el fallo que en las dos causas se resolverá si el Gobierno porteño, a través del ejercicio del poder de policía, “debe prohibir -o regular- (primera alternativa), o debe permitir (segunda alternativa) la actividad vinculada con la plataforma Uber”. La separación de las causas fue resuelta tras la presentación de varios planteos.