El volumen de la causa que cuenta con más de 3000 fojas en 15 cuerpos, como toda la actividad estatal desplegada en uso de su más potente poder punitivo -más de 10 allanamientos, secuestros de innumerables teléfonos celulares y computadoras ‘peritadas’, cuadernos secuestrados y revisados, innumerables seguimientos a cientos de personas durante años con registros fílmicos, fotográficos, intervenciones telefónicas, requisas-Queda en evidencia en estas actuaciones que se han proyectado directamente en la política criminal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El desprecio a la dignidad de las personas más vulnerables de la ciudad se desnuda en cada una de sus decisiones, las que fueron autorizadas y convalidadas por el juez y la jueza actuante. Simplemente comparar la pena máxima prevista para la contravención investigada en esta causa – $60.000- con el costo en hojas impresas, da cuenta de la desproporcionalidad de todo este proceso. Qué decir entonces si además contabilizamos el costo de los recursos utilizados para los allanamientos realizados en los que intervino Áreas del Gobierno de la Ciudad, Policía Metropolitana, Policía Federal; del uso de todo el aparato estatal de inteligencia tanto de la Ciudad como Federal; filmaciones, fotografías, seguimientos, etc., durante casi 4 años.
a) Queda evidenciado el fracaso de la investigación y de las medidas extremas que afectaron centenares de personas.b) la acciones de jueces contravencionales que sin dar explicación alguna vulneraron los derechos más elementales en perjuicio de los afectados y durante años la vulneración del derecho a defensa mas elemental.c) La utilización de agentes encubiertos durante años para perseguir ciudadanos.4) la utilización de las cámaras de monitoreo de la ciudad convirtiéndolas en un “gran hermano”. Sorprende que teniendo tanta capacidad de control, en la ciudad de bs As continúen existiendo talleres clandestinos donde mueren chicos quemados y lugares bailables donde se venden droga y mueren jóvenes. La señora fiscal Celsa Ramírez y los jueces contravencionales que intervinieron durante el proceso no han actuado con objetividad, ni con la crítica imparcial que se apoyan en datos y situaciones reales.. Lejos estuvieron de despojarse de prejuicios y apartadas de intereses políticos. Quedo lejos la búsqueda de la verdad y solo la subjetividad y arbitrariedad fueron moneda corriente en esta investigación. El requerimiento de nulidad es un inicio para imponer la justicia a los centenares de damnificados y poner al descubierto a estos jueces y fiscales que utilizaron la justicia y su lugar de poder para causar un gravísimo daño a los damnificados y nuestra sociedad.
1) DIFUNDIMOS EL PEDIDO DE NULIDAD DE LA CAUSA 33072 INICIADA POR LA FISCAL CELSA RAMIREZ (FISCALIA CONTRAVENCIONAL 35) Y LO ADJUNTAMOS EN UN ARCHIVO PDF.2) Decidimos hacerlo públicos omitiendo el nombre de los centenares de damnificados poniendo iniciales.3) queda a disposición de quien lo requiera el expediente completo como así “las pruebas “recolectadas en esta investigación
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