Mediante una declaración aprobada hoy el Cuerpo legislativo porteño manifestó que «vería con interés que las Juntas Comunales de esta Ciudad inicien el proceso previstos por el Capítulo 3, artículo 6° (Territorialidad e identidad) de la Ley 1.777 para lograr la denominación correspondiente a cada una de las comunas». El articulado establece que las Comunas se identifican numéricamente «hasta tanto los electores de cada una definan su denominación mediante consulta popular convocada por la Junta Comunal. Concluido el proceso de consulta, la Junta Comunal emitirá un proyecto de ley con la denominación propuesta, para su tratamiento por la Legislatura de la Ciudad”.
La Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana a partir de una iniciativa de la diputada Paula Penacca (FpV), sostiene que «es atribución de las Juntas Comunales de cada una de las Comunas, el llamado a consulta popular. Teniendo en cuenta la experiencia de la Comuna 9 que realizó la consulta popular en las elecciones del 2015 para denominarla con el nombre de Lisandro de la Torre -donde más de 62.000 ciudadanos votaron por la afirmativa- sería necesario iniciar el proceso para la concreción de las consultas en el resto de las comunas de la Ciudad dentro del cronograma electoral del 2017».
Comuna 9, Lisandro de la TorreDenomínese a la Comuna 9 «Lisandro de la Torre», expresa el único artículo de la ley aprobada en forma definitiva por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Junta Comunal 9 dictó una resolución el 19 de diciembre de 2014, mediante la cual dispuso el llamado a consulta popular para las elecciones generales del 5 de julio de 2015 donde se impuso por el 79,9% la propuesta de denominarla «Lisandro de la Torre». Además, se cumplió con lo dispuesto en los artículos 89°, inc. 3 y 90 de la Constitución local realizándose la Audiencia Pública el 12 de abril de 2016. Los impulsores del trámite legislativo fueron el Tribunal Superior de Justicia con un agregado de la propia Comuna 9.
Preocupación por venta de inmueblesLa Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su «preocupación por lo dispuesto en el Decreto N° 952/PEN/2016 que autoriza al Gobierno Nacional a realizar la venta de distintos inmuebles de dominio privado del Estado Nacional sitos en el ámbito de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires». El 19 de agosto de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional suscribió el decreto que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a la venta de una serie de inmuebles propiedad del Estado Nacional; sobre 17 de ellos 13 corresponden a jurisdicción de esta ciudad. «Resulta de especial trascendencia que previo a la disposición que pretende hacer el Poder Ejecutivo Nacional de los bienes incluidos en esta jurisdicción, se abran canales de dialogo y trabajo conjunto en orden a la planificación urbanística, de servicios públicos y desarrollo sustentable de nuestra Ciudad», anota la legisladora María Rosa Muiños (BP) autora de la declaración aprobada sobre tablas.
Comuna 1: Pedido de informesLa Legislatura ayer jueves solicitó a la Junta Comunal de la Comuna N° 1 que en un plazo máximo de 30 días, y a través de los organismos que corresponda, informe sobre los puntos «relacionados con los presuntos hechos de malversación de fondos por los que fuera denunciado el Presidente de la de la Junta Comunal de la Comuna N° 1, Roberto Oscar Salcedo». Solicita «copia de las contrataciones y erogaciones presupuestarias efectuadas por la Junta Comunal de la Comuna N° 1 a partir de diciembre de 2015» y que «indique en qué se utilizó el excedente presupuestario del ejercicio 2015» acompañando copia de contrataciones y gastos. La resolución se aprobó sobre un despacho de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana a partir de un proyecto autoría de la legisladora María Andrea Conde (FpV).