En noviembre del año pasado , la Corte celebró una audiencia pública a la que fueron convocadas autoridades nacionales, porteñas, bonaerenses y de la Acumar, para evaluar el estado de las tareas de limpieza y urbanización de la cuenca.Los jueces se retiraron disconformes de esa instancia y concretaron la decisión de apurar los trabajos, en su mayoría con atrasos y demoras. “Se constataron deficiencias en el cumplimiento del programa establecido en la sentencia de la Corte del 8 de julio de 2008”, advirtieron los jueces del tribunal.
En ese sentido, la Corte requirió “a la Acumar que establezca un sistema de indicadores que, conforme a los criterios internacionales de medición disponibles, permita -en un plazo perentorio de tres meses- medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa)”.Los jueces destacaron “el control de la contaminación industrial, el saneamiento de basurales y limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable y cloacas, la relocalización de villas y asentamientos precarios, el plan sanitario de emergencia y la calidad ambiental”.
En ese punto, el tribunal exigió “avanzar en la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26 y en la relocalización de sus habitantes”.Eso había sido reclamado durante la audiencia pública a viva voz por vecinos, a los que no se les había permitido participar de las preguntas a los funcionarios. En esa oportunidad, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo desalojar de la sala de audiencias a vecinos de la villa 21-24. Después de la salida del último director de Acumar, Julio Torti, se habla de cambios en esa institución: que desaparecería la Dirección Operativa, a cargo de Gabriela Seijo, y que Gladys González, interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), quedaría como responsable. NR
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Riachuelo: La Corte Suprema ordenó acelerar la limpieza
