Una nueva audiencia de un juicio histórico para la historia argentina se llevó a cabo el pasado jueves en el subsuelo de los tribunales federales. Finalmente tras varias semanas, el ex juez instructor de la causa AMIA Juan José Galeano concluyó, al menos por ahora, con su declaración indagatoria en la audiencia cien del juicio por encubrimiento, por si el número redondo despierta mayor atención.El relato del día comenzó con fuertes críticas al ex agente de la SIDE Horacio Stiuso, quien prestó testimonio en el juicio por el atentado y en este, ocasiones en las que denunció el pago ilegal a Carlos Telleldín y el abandono de la llamada pista siria, entre otras irregularidades.
Sobre el espía, Galeano dijo que es un “caprichoso”, “contradictorio” que “se cree dueño de la información”, que “no tenía interés en investigar a los policías bonaerenses”, y que “sus dichos en el TOF 3 fueron los argumentos para que me apartaran del caso”. Incluso, como ya es habitual, les preguntó a los jueces: “¿No les llama la atención, señores jueces, que Stiuso no haya querido profundizar la pista policial?”. Luego, el ex juez intentó responder a la información, para él falsa, que aportó Stiuso en sus declaraciones. Dijo por ejemplo que “nunca se habló de Rabbani en julio de 1994”, como afirmó Stiuso, pero que desde un comienzo advirtió la “pica” entre la SIDE y la Policía Federal e incluso los problemas que existían al interior mismo de la Secretaría de Inteligencia. Al respecto, opinó que “Anzorreguy era el administrador del caos. Ni él podía mover las piezas de su propio tablero”.
También sostuvo que no es real que evitó investigar al sospechoso empresario ligado a la familia Menem, Alberto Jacinto Kanoore Edul (protagonista de la “pista siria”) y que sí pidió a la SIDE en reiteradas ocasiones información sobre esa pista y les envió “todas las agendas” de Kanoore Edul. “Debo entender que fueron enviadas y no fueron debidamente analizadas”, sostuvo Galeano apuntando a la labor del ex espía. Antes de pasar al segundo tema de su exposición, el imputado aprovechó una vez más, para denunciar la “falta de recursos” para investigar. “Contábamos con ocho personas”, dijo al respecto del personal policial supuestamente destinado a la causa AMIA. Por eso, explicó, pidió que la causa pasara a depender directamente de la Jefatura de la Policía Federal. Así, dijo, en 1997 se creó la DUIA (Unidad de Investigación Antiterrorista) algo que Stiuso interpretó, según Galeano,  “como un contrapeso de poder”. “Yo nunca fui el enemigo. El enemigo está disfrazado entre ustedes”, expresó el imputado a modo de cierre del primer punto de su descargo.
El pago fue “absolutamente legal”
Basándose en leyes secretas sobre los fondos de recompensa y el dinero reservado de la SIDE, Galeano construyó una argumentación absurda, tendenciosa y falaz para justificar que el pago de 400 mil dólares al imputado Carlos Telleldín fue “absolutamente legal”. Justamente, haber usado dinero público para un pago ilegal, es que el ex juez está acusado del delito de peculado.
Como preámbulo, puso en duda que el dinero con el que agentes de Inteligencia efectuaron el pago a la pareja de Telleldín, Ana Boragni, haya salido efectivamente del Estado, hecho más que probado a esta altura de la causa. “No hay forma de saberlo ni probarlo. No hay ni un documento oficial que lo acredite”, ensayó al tiempo que intentó desentenderse del acto: “Yo no debo rendir cuentas por el pago en sí mismo”. De todas maneras, propuso, si en efecto se hubieran usado fondos públicos, el pago seguiría teniendo legalidad porque  “cumple con los fines dispuestos legalmente” al usarse para “seguridad nacional”.
Es decir, según expuso Galeano, como el presupuesto destinado para la SIDE es amplio y no debe rendirse, todo uso pertinente es legal. En ese marco, siguiendo su argumentación, el pago a un imputado para que declare, sería un acto lícito que serviría para la seguridad de nuestro país.De esta manera, Galeano olvida (?) que la ley no permite a la SIDE (ni ahora ni en su momento) usar sus fondos -y menos en la participación activa de un juez federal- para pagarle no a un mero confidente como recompensa por aportar datos en una causa, sino nada menos que a Carlos Telleldín, quien estaba imputado y negoció previamente (está grabado) lo que iba a decir una vez hecho el pago.
En segundo lugar, al hablar sólo del pago y confundir legislaciones varias, el ex magistrado pierde de vista (?) el contexto y la enorme cantidad de maniobras irregulares que se hicieron alrededor de la declaración arreglada que brindó Telleldín contra los policías. Como ser la coacción a testigos y manipulación de pruebas de modo que la información “comprada” quedara sustentada con elementos también obtenidos de manera ilegal.En definitiva, con esto, queda claro que las regulaciones de las que disponemos para los fondos reservados de inteligencia permitieron y permiten un manejo incontrolado que, es aquí visible, facilita el uso ilegal de ese dinero incluso en connivencia con el Poder Judicial.
Con el fin de evitar este tipo de maniobras, cabe recordar, desde Memoria Activa venimos reclamando hace años en el ámbito internacional (ante la CIDH) y a nivel local, se hagan reformas al sistema de inteligencia, como la transparencia en los fondos de inteligencia.Lamentablemente, si bien el Estado argentino se comprometió por decreto a llevar a cabo esas modificaciones, los cambios que en efecto se hicieron en febrero de 2015 a la ley de inteligencia, fueron deshechos un año después, por lo que hasta hoy los fondos continúan reservados.