Tras varias audiencias sin debate, el Tribunal Oral Federal 2 reanudó ayer el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, y los fiscales continuaron con su alegato específicamente acerca de las presiones ejercidas a testigo e imputados por el ex juez Juan José Galeano con la participación de los ex fiscales. Los representantes del Ministerio Público Fiscal dieron ayer por probada la autoría de Galeano y la participación necesaria de Eamon Mullen y José Barbaccia en las coacciones que recibieron personas del círculo cercano de Carlos Telleldín.
A ellos se los presionó para que aportaran información que involucrara al vendedor de autos truchos, bajo la amenaza de quedar detenidos por el cargo de participación en el armado de la camioneta que cargó los explosivos. El caso más ilustrativo de las presiones es el de Miriam Salinas, amiga de Ana Boragni (pareja de Telleldín), a quien detuvieron en su domicilio y mantuvieron bajo arresto durante cinco días hasta que accedió a declarar en el sentido que le indicaron en el juzgado y a colocar micrófonos en su casa para grabar las conversaciones con Boragni e incriminar así a Telleldín.
Estos hechos, afirmó el fiscal Miguel Yivoff, resultan probados a partir de las declaraciones de Salinas en esta causa por encubrimiento y las de su marido, y por los elementos que se encuentran en el expediente que llevaba Galeano, donde se pueden apreciar numerosas irregularidades. En primer lugar, puede observarse que un día después de haberle tomado declaración indagatoria a Salinas por su participación en el ataque terrorista, el ex juez Galeano le dictó la falta de mérito y la liberó argumentando que era “inverosímil” que estuviera involucrada en el atentado.
En segundo lugar, con un sobreseimiento que no estaba firme, tan sólo 24 horas después, el ex juez le tomó a Salinas declaración testimonial, irregularidad que los entonces fiscales aprobaron. Este “caos de fechas” se intentó “enmascarar” luego en el expediente con un deliberado desorden de fojas, que resulta menor al analizar los dichos de la propia Salinas. La imputada-testigo dijo que recibió presiones para que firmar una declaración que le escribieron en el juzgado, la cual no coincidía con la totalidad de sus dichos sobre Telleldín. Esto, según contó en este juicio, lo hizo a cambio de que la liberaran y mejoraran las condiciones de detención de su marido, a quien le habían encontrado droga y también estaba imputado por el atentado. “¿Por qué la mantuvieron presa cinco días sin motivo?”, preguntó de forma retórica Yivoff y se contestó: “Querían que traicionara a Boragni y vinculara a Telleldín con el atentado".
La coacción y privación ilegal de la libertad de Salinas queda aún más clara, sostuvo el fiscal, si se analiza qué ocurrió con otros sospechosos de participar del atentado. “A Kanoore Edul le encontraron el teléfono de Moshen Rabbani y estuvo arrestado sólo unas horas. Salinas, cinco días sin pruebas”. Otro caso notorio de coacción por parte de Galeano ocurrió con Gustavo Semorile, un abogado de Telleldín a quien le “pagaron” con una moto su participación en una extorsión de la policía bonaerense al vendedor de autos truchos. Según el fiscal Roberto Salum, como el ex juez conocía la participación de Semorile en el ilícito, logró que éste colaborara con la versión del juzgado en contra de la policía bonaerense a cambio de no acusarlo por los delitos que había cometido.
La privación ilegal de la libertad… El Ministerio Público Fiscal también dio por probado ayer que Juan José Galeano ordenó bajo pruebas que sabía falsas y en “ejercicio abusivo de sus funciones” la detención de los policías bonaerenses por el atentado, principalmente de Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Mario Bareiro y Raúl Ibarra. Esto con la complicidad y participación de Eamon Mullen y José Barbaccia quienes pidieron las detenciones y actuaron siempre en línea con el exjuez.
El planteo que realizó la fiscalía se basó en que Galeano y los ex fiscales contaban con elementos suficientes para creer más en la primera versión de los hechos que brindó Telleldín en 1994, que en aquella que prestó al recibir 400 mil dólares, cuando finalmente declaró contra los agentes de la provincia de Buenos Aires. En las primeras indagatorias, Telleldín afirmó haberle vendido la Trafic por 11500 dólares a una persona que se presentó como Ramón Martínez con DNI falso y acento centroamericano.
Esa misma versión con algunos agregados, Telledín la fue repitiendo con posterioridad en declaraciones en la causa, en la prensa y en un manuscrito que redactó en la cárcel, y se sustenta además en conversaciones telefónicas con su mujer y allegados. El contenido de esos llamados, explicó Salum, era conocido por el entonces juez ya que la línea estaba intervenida. Por esta razón, los funcionarios judiciales también debieron haber tomado conocimiento de las desmentidas de Telledín vía telefónica cuando la prensa publicó que los agentes de la Bonaerense se habrían llevado la Trafic, versión que tuvo origen en una reunión entre la camarista María Luisa Riva Aramayo y Telleldín y que concluyó con el pago y la declaración armada.
“En una escucha, Telleldín le dice a Boragni que entre lo que le dijo verdaderamente a Riva Aramayo y lo que salió en los diarios hay dos mil kilómetros de distancia. Que él no dio ningún nombre y que a ese Leal (en referencia al subcomisario) ni lo conoce”, explicó el fiscal. Según la fiscalía, todas estas pruebas hacía a la historia de Ramón Martínez más “coherente y creíble”, por lo que “resulta evidente que en el juzgado decidieron hacerle caso omiso a las contradicciones de Telleldín” e imputar a los policías a toda costa sin pruebas contra ellos.El alegato sigue la próxima audiencia, que se llevará a cabo el jueves 23 de noviembre a las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales.
AMIA: Fiscalía dio por probadas las coacciones
