En la última década la población que vive en inmuebles alquilados creció un 30% y la población que vive en villas, un 85%. A los obstáculos para acceder a la vivienda propia se añaden las dificultades para alquilar, con una reducción del parque de viviendas en alquiler y requisitos formales muy exigentes para inquilinos e inquilinas. Aunque los diagnósticos sobre la vida pública en la Ciudad de Buenos Aires coinciden en que la cuestión de la vivienda es un asunto problemático, es frecuente encontrar caracterizaciones seguidas por propuestas simplificadoras, que no atienden la complejidad de los desafíos del hábitat porteño. Uno de esos casos es la política de vivienda de Cambiemos, que se basó en la promoción de créditos hipotecarios en UVA, con el saldo deudor indexado a la inflación.
El proyecto de hacer de la UVA la principal vía de acceso a la vivienda insumió importantes recursos públicos, a través de la reorientación del ProCreAr y de la banca pública hacia el otorgamiento de este tipo de créditos. A pesar de que en la Ciudad de Buenos Aires se otorgaron más de 24.000 créditos hipotecarios UVA (casi un 6,6% sobre el déficit de viviendas de la Ciudad), la política fracasó en su objetivo y no tuvo un impacto significativo sobre la falta de vivienda real. Por su propio diseño, los requisitos de otorgamiento de los créditos desfavorecían el acceso a los sectores con mayores necesidades habitacionales. Además, la expansión de la demanda sin una oferta asociada provocó subas de precios disociadas de los costos de construcción y de los ingresos de los deudores. Finalmente, el deterioro de las condiciones acroeconómicas inviabilizó el otorgamiento de nuevos créditos y, para muchos de los hogares que contrajeron deudas en UVA, las cuotas se han encarecido excesivamente en relación a sus ingresos.