El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, pidió que se suspendan los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires por un año, en el marco de una serie de iniciativas presentadas el viernes ante la Legislatura porteña. Ante la situación que viven miles de porteños que habitan en viviendas con algún grado de irregularidad, Amor presentó un paquete de medidas que serán analizadas por la Legislatura y que buscan aliviar la situación en que viven estas personas que, según el Censo 2010, alcanzaba al 2,8% de la población porteña (alrededor de 226 mil personas).
El Defensor del Pueblo se refiere a la gente que vive en situaciones de hacinamiento o en viviendas que están en medio de un conflicto judicial por parte de quienes son los titulares de los inmuebles.
Para Amor, lo que está en juego es el derecho a la vivienda de miles de personas que como consecuencia de las sucesivas crisis económicas perdieron sus trabajos formales, pasaron a la informalidad o directamente no tienen empleo.
Advirtió que se da una situación injusta en la Ciudad, con personas que compran inmuebles ocupados, algunos de los cuales son desalojados y luego convertidos en hoteles, que son ofrecidos al Estado para que sean alquilados, ¿a quién? a personas en situación de calle. Además de suspender los desalojos administrativos y/o judiciales por el término de un año de propiedades ubicadas en la Ciudad, Amor propone el traspaso de los trámites de desalojo al fuero porteño; la participación obligatoria del Gobierno porteño en todas las subastas judiciales de inmuebles y la modificación del fondo “hábitat sustentable” y creación del programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.
También propuso la regulación del instituto jurídico de “Amigo del Tribunal” o “Amicus Curiae” para los procesos judiciales en trámite ante el Poder Judicial. Amor pidió que los trámites de desalojo se realicen en el foro porteño, debido a que en la Defensoría pudieron corroborar que la mayoría de esos procesos se realizaban ante juzgados nacionales con asiento en la Ciudad, lo que, según sostiene, provoca una vulneración del sistema del Gobierno Federal y atenta contra la autonomía de la Ciudad. La Defensoría entiende que la propagación de procesos de desalojo de inmuebles en la Ciudad, en un contexto de creciente déficit habitacional, requiere de la intervención de diferentes organismos y entidades públicas con jurisdicción local.
Para eso la Defensoría propone crear Juzgados de Transición en lo Civil especializado en materia de desalojos. En el último año, la Defensoría intervino en 43 casos de desalojos, de los cuales 22 ya se llevaron a cabo (con 131 grupos familiares afectados) y aún siguen en proceso 21 (364 familias). Todos ellos se tratan de sectores de la sociedad de escasos recursos y situaciones de extrema vulnerabilidad. La creación del programa de alojamientos transitorios directos apunta a que esos centros funcionen las 24 horas, brinden las cuatro comidas diarias y tengan baños y duchas con el equipamiento de higiene y toallas correspondiente.