Los empleados de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron el domingo pasado a sacar las rejas que dividían Plaza de Mayo y la separaban de la Casa Rosada, por lo que el lugar quedó totalmente liberado para el tránsito peatonal, tal como lo había pedido el presidente, Alberto Fernández.
La polémica por la instalación de las rejas
El Gobierno de la Ciudad dispuso la instalación de las rejas en la plaza en mayo de 2018, en el marco de la renovación y puesta en valor del histórico sitio. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas impulsaron la causa judicial argumentando que el lugar en cuestión se encontraba protegido por normativas específicas del Código de Planeamiento Urbano que establecen que en el espacio propio de la Plaza de Mayo sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes.
En enero de este año, la Justicia porteña avaló la presentación del Observatorio y declaró ilegal la instalación de las rejas. En ese entonces, el magistrado Osvaldo Otheguy dispuso un plazo de 90 días para la sanción de una ley que apruebe la instalación de las rejas en Plaza de Mayo, a modo tal de cumplir con el Código Urbanístico. De inmediato el oficialismo porteño presentó el proyecto correspondiente e hizo un certero uso de su mayoría automática. En su primera lectura fue aprobado con los votos de Vamos Juntos, y la alianza entre el PRO y la Coalición Cívica. La oposición, en su totalidad, votó en contra.
Finalmente la Legislatura porteña puso fin a la polémica y aprobó la modificación del Código de Planeamiento Urbano por lo que se autorizó la instalación de las rejas en cuestión. Con 33 votos a favor y 22 en contra se aprobó la ley utilizando como justificación que tenía como objetivo proteger el patrimonio urbano como la seguridad de la Casa Rosada. Los legisladores oficialistas hicieron referencia a la existencia de un vallado antidisturbios, que cumplía la misma función, instalado desde la crisis del 2001.