Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli y Paula Oliveto, presentaron un proyecto de ley en el que proponen suspender las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebra de MiPyMes, que tengan origen posterior al decreto de inicio de la plan de aislamiento social preventivo y obligatorio. “La prohibición alcanza a ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen, embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen, iniciadas con posterioridad a la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional”, explica la iniciativa.
El proyecto presentado por las legisladoras de la CC ARI establece también que “el Banco Central de la República Argentina procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas humanas y/o jurídicas concursadas. El BCRA instrumentará una línea de redescuentos destinada a las entidades financieras que asistan a las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el artículo 43 de la Ley 24.522, que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encuentre la asistencia crediticia. Las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar libremente con el Estado Nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas por este último”.
“La pandemia de COVID-19 ha significado un deterioro sustancial de la actividad económica nacional y se necesita otorgar sostenibilidad productiva de mediano plazo a las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. En este marco se requiere indefectiblemente la instrumentación de medidas transitorias que resulten eficaces para evitar la quiebra de empresas y la eventual pérdida de innumerables fuentes de trabajo”, argumentan Campagnoli y Oliveto en los fundamentos de la iniciativa. “Las MiPyMes se encuentran en una situación dramática que impacta sobre la actividad productiva general, originando una dura reducción en los ingresos, suspensión y/o despidos de personal, brusca caída de la capacidad de afrontar sus obligaciones en tiempo y forma y la suspensión o el corte total de la cadena de pagos en varios sectores”, agregan.
“Esta iniciativa tiene como motivación el establecimiento de un régimen transitorio de sostenibilidad productiva paras las MiPyMes, deudoras concursadas o susceptibles de entrar en concurso, en el marco de la emergencia pública y la ampliación de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020; sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos correspondientes a los actos perfeccionados al amparo de su imperio”, proponen las diputadas en el proyecto.» En este sentido, y enmarcado en la políticas económicas y sociales, también se estima oportuno instrumentar, a los fines de resguardar la existencia del sujeto deudor y mantener el nivel de empleo en las Mipymes, un régimen de facilidades de pago que permita incluir las obligaciones adeudadas una vez homologado el acuerdo, en tanto no implique un riesgo para los créditos del Fisco”, agrega la iniciativa presentada por las diputadas de la CC ARI.