Juan Manuel López
Espero que nadie se ofenda ni se irrite. Lo que me toca decir no tiene que ver ni con un discurso de odio, ni con intolerancia; tiene que ver con este traje a medida que se está votando. El artículo 11 es algo inédito, es un traje a medida para dos empresarios en particular: Cristóbal López y Fabián de Sousa. Empresarios ligados desde hace muchos años al poder actual. Cristóbal López era un empresario menor, por más que muchas veces se haya dicho que era un empresario importante. Hizo su fortuna gracias al ex presidente Néstor Kirchner cuando éste era gobernador de Santa Cruz y le habilitaba casinos y bingos en el sur. Fue creciendo a lo largo del tiempo hasta convertirse en un holding empresario que tiene casinos hasta en La Florida, en EEUU. Un empresario que tuvo una causa por sobornos por la compra de Petrobras en Brasil. Es un empresario trasnacional del juego, del petróleo, de las inversiones y de las comunicaciones. No me olvido de los medios en los que somos muchos, por lo menos de mi partido, muy maltratados.
Desde el año 2004, en el que se hizo un informe sobre obra pública, señalamos cómo este empresario tenía áreas petroleras concesionadas en el norte de Santa Cruz, cuando no tenía experiencia en la materia. Somos vapuleados en sus medios también porque en el año 2008 denunciamos por asociación ilícita al ex presidente, al ex ministro de planificación y a los empresarios citados por cómo fue concesionado, entre otras cosas, el juego y el casino en la Ciudad de Buenos Aires, el último día del mandato de Néstor Kirchner. Eso es Cristóbal López y ese es el traje a medida. Es para una empresa del poder, una empresa que no es que evadía este impuesto, sino que se lo robaba. Evadir es otra cosa, es no pagar lo que tal vez corresponde.
Muchos denunciamos desde hace años que este empresario es socio del poder y testaferro del poder. No es un traje a medida ni para Hotesur, ni para Los Sauces, ni para Vicentín; porque esas empresas no están quebradas. Es un traje a medida para alguien específico. Por eso no podemos votar ese artículo, porque este artículo implica una amnistía para esa empresa. Me refiero también al artículo que extingue la acción penal. Tampoco lo podemos votar porque estos empresarios no están siendo investigados por un delito tributario, sino que están siendo investigados por defraudación a la administración pública.
Asimismo, el artículo 17 manda a la AFIP a adecuar su reglamentación. Esta empresa ya fue a buscar advenimientos a la AFIP y hay reglamentaciones del organismo que no lo permiten. No quiero entrar en detalles como que Aníbal Fernández los fue a buscar a estos dos empresarios cuando salieron de la cárcel en febrero. O que el presidente de la nación fue asesor de las empresas de este grupo. No hace falta abundar en tanto, hace falta que no votemos este artículo, que hagamos la moratoria para lo que es importante. Nosotros no podemos amnistiar estos delitos y ojalá ningún juez intérprete, si esta ley es sancionada, que quedan amnistiados los delitos de defraudación pública. Porque el artículo 36 de nuestra Constitución dice que no se puede hacer.
Javier Campos
Que no sea este Parlamento el que vuelva a cubrir actos ilícitos, muchos se llenan la boca con la idea del Estado presente y que la política es la herramienta idónea para transformar la realidad. Si votan esto, la política será sin duda la herramienta idónea para transformar la realidad pero para peor Sr. Presidente! Ya tenemos demasiadas angustias los argentinos como para tener que aceptar este tipo de cosas, saquen por favor el artículo 11, es un solo artículo y un solo empresario. No nos priven de votar esta ley de consenso.
Alicia Terada
En Juntos por el Cambio acompañamos la necesidad de una moratoria general para afrontar la crisis económica hoy agravada por la pandemia. Es necesario la existencia de una ley de moratoria que es totalmente diferente a hablar de un plan de facilidad de pago que lo único que hace reducir la deuda en cuotas. Por un lado, están los que no pueden pagar los impuestos y por otro lado, el caso de aquellos que retienen impuestos para beneficio propio con el dinero del Estado.
Lo que debe la empresa de Cristóbal López y accesorios es de alrededor 71 mil millones de pesos. Hacemos una moratoria necesaria para contribuyentes en general, pero también metemos en el texto de esta ley una cuestión que me pregunto ¿Dónde está el beneficio para el Estado? Solamente se recupera 8 mil millones de pesos que van a ser pagados en comodísimas cuotas por una empresa que está en cesantía de actividades. Por eso decimos una vez más sí a la moratoria, y no a la amnistía e impunidad para Cristóbal López.