Los diputados nacionales de la CC ARI, Maximiliano Ferraro y Héctor “Toty” Flores presentaron, en conjunto con otros diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio, un pedido de informes y un pedido de acceso a la información sobre el estado del Registro Nacional de Barrios Populares y la ejecución del fondo previsto en la Ley 27453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana. El universo de barrios populares en Argentina asciende a más de 5000, en donde viven casi un millón de familias.
Según información recogida por los diputados de la CC ARI hay 45 mil millones de pesos sin invertir para el fideicomiso de integración socio-urbana de villas y asentamientos (FISU), los mismos fueron recaudados para tal fin.El FISU se nutre de ingresos establecidos por la Ley de emergencia económica de diciembre de 2019 (que creó el impuesto PAIS y le asignó el 9% de lo recaudado) y la del aporte solidario o impuesto riqueza de 2021 (que le asignó el 15% de lo recaudado).
La autoridad de aplicación de la Ley y entidad controlante del FISU es la Secretaria de Integración Socio urbana (SISU), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación. El 8 de julio de este año las periodistas María Eugenia Duffard y Luciana Geuna, publicaron en su programa televisivo “Verdad consecuencia” la única respuesta obtenida a raíz de un pedido de acceso a la información pública: la SISU tiene “comprometidos 5 mil millones”.
Ante la difusa y poco clara información, la desidia y falta de ejecución presupuestaria sobre el tema, los diputados nacionales de la CC ARI exigen de manera urgente transparencia e información al respecto, ya que involucran la mejora de la vida de miles de familias y la infraestructura de grandes barrios populares. “El kirchnerismo ha denostado tanto al periodismo porque muchas veces es quien amplifica y pone blanco sobre negro en cuanto a los proyectos que se anuncian antes de las elecciones y no se cumplen. Desde la Cámara de Diputados seguiremos ejerciendo el control que corresponde sobre la gestión.
Vamos a insistir, preguntar e indagar todo lo que haga falta sobre barrios populares porque es una de las políticas de estado fundamentales de las últimas décadas. Es necesario contar con la mayor transparencia posible porque estamos hablando del hogar y la calidad de vida de millones de personas”, sostiene el diputado Flores. El diputado Ferraro agregó que “la falta de ejecución de esta política afecta la vida de casi un millón de personas vulnerables, que son las que más ayuda precisan, una vez más está claro que la inoperancia y falta de transparencia de este gobierno incide directamente sobre los que más lo necesitan”.
El pedido de información solicita el listado de los convenios firmados para la realización de obras en Barrios Populares, en el marco de la Ley Nº 27.543 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana. De los mismos pide que se indique: fecha de suscripción, organización de la sociedad civil, municipio o provincia firmante, provincia, localidad y barrio, tipo de proyecto, financiamiento, monto total convenido, estado actual de avance, fecha de acta de inicio, montos efectivamente pagados, fecha de los pagos y porcentaje sobre el total y porcentaje de avance físico .Hasta el momento se encontraron en ejecución 48 proyectos por eso se exige el informe de la causa de demora de la ejecución de los convenios restantes.
Asimismo, se requiere que se especifique el criterio de selección de las organizaciones de la sociedad civil con las que han suscripto convenios, así como el procedimiento de rendición de cuentas aplicable a este tipo de convenios. Además, se solicita se exponga las razones por las cuales solamente se encuentra comprometido aproximadamente el 10% del total del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Y se especifique la planificación de acciones para cada barrio, tipo de respuestas, plazo y plan de sostenibilidad financiera para completar los objetivos de la Ley.