En el Salón Montevideo, la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud realizó una reunión informativa sobre las adecuaciones del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la nueva Ley Penal Juvenil. El encuentro fue presidido por la titular de la comisión, la diputada Graciana Peñafort (Fuerza por Buenos Aires), junto a Aldana Belén Crucitta (Ciudadanos Unidos/UCR) y Lucía Montenegro (La Libertad Avanza), vicepresidentas primera y segunda, respectivamente. También estuvieron presentes los legisladores Edgardo Néstor Alifraco, María Bielli, Andrea Freguia, Noemí Geminiani, Andrea Mariana González, Marina Kienast, Sergio Siciliano, Delfina Velázquez y Gimena Villafruela.
Además, se contó con la presencia de la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Victoria Morales Gorleri, su equipo de funcionarios y especialistas. Entre ellos, el vicepresidente del Consejo, Aníbal Andrés Bonavia; Sebastián Gallo, jefe de Gabinete del Consejo; y Nicolás Echarri, director general de Responsabilidad Penal Juvenil. Durante la exposición, Morales Gorleri agradeció a la Legislatura por la convocatoria y a los miembros de la comisión. Continuó informando que la Ciudad ya tiene un sistema penal juvenil modelo que cumple con las normativas nacionales e internacionales.
Luego, señaló sucintamente la conformación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el desempeño de su función, destacando las defensorías zonales integradas por equipos interdisciplinarios, quienes definen las estrategias de los niños y adolescentes dentro del sistema de protección Asimismo, la funcionaria presentó un informe señalando que pone a disposición de la comisión los datos referentes al área penal juvenil.
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con el CAD (Centro de Admisión y Derivación), adonde asisten los jóvenes punibles y no punibles en conflicto con la ley penal de ambos géneros. Además, el Consejo cuenta con centros de régimen cerrado (Agote, Belgrano y San Martín) y residencias de libertad restringida (Almafuerte, Simón Rodríguez y Juana Azurduy).
También Morales Gorleri refirió que en el área penal hay dos programas para el seguimiento y monitoreo de los jóvenes en el ámbito sociocomunitario (PAIAS y DYAT). Son programas que trabajan con los adolescentes y sus familiares en su territorio. Requieren de un equipo técnico, operadores sociales y administrativos, y articulan con los efectores de la comunidad para brindar distintos servicios como educación, recreación y clubes, entre otros. Al mismo tiempo, se está trabajando con el Ministerio de Educación de la Ciudad en un programa diseñado y especializado para contextos de encierro.
Lo mismo ocurre en cuanto a dotar al cuerpo de seguridad de una ley específica; para ello, se proyecta aumentar el personal en un 80 por ciento más en función de las etapas escalonadas y según se vaya dando el comportamiento del sistema cuando la ley penal juvenil entre en vigor. En el segmento de debate, los diputados realizaron consultas y preguntas a la funcionaria y a su equipo, las cuales fueron respondidas en su totalidad.